La causa judicial por la sedición policial que trajo saqueos y caos en Tucumán en diciembre de 2013, parece tener una celeridad distinta a la que le dio la Justicia de Entre Ríos al levantamiento que ocurrió en la misma fecha. Mientras en la provincia mesopotámica fueron condenados 17 policías que tomaron la jefatura departamental de Concordia y posibilitaron una ola de saqueos que dejó tres muertos, en Tucumán el juez Víctor Manuel Pérez todavía no resuelve si la causa será elevada a juicio oral.

Pérez tiene desde noviembre del año pasado el expediente en el que están acusados 47 policías por sedición, ostentación de armas de fuego, incitación a la violencia colectiva contra la institución policial, impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra, privación ilegítima de la libertad, coacción, hurto y robo calamitoso e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Si bien se trata de un expediente voluminoso, con una cantidad inusual de imputados (los que a su vez presentaron, a través de sus abogados, sendos planteos de oposición al requerimiento de elevación a juicio que hicieron los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni), fuentes judiciales comentaron que no hay motivos procesales que justifiquen la dilación en la resolución.

“Todos los defensores nos hemos opuesto al requerimiento de elevación a juicio y quedó en el despacho del juez, que tiene que resolver”, explicó el abogado Pablo Rivera, que representa a algunos de los imputados.

Los defensores presentaron distintos argumentos por los que creen que sus representados no deberían estar incluidos en el listado de los imputados. Sin embargo, nadie se explica la demora en la resolución. “Tal vez estén esperando que pasen las elecciones”, especuló Rivera.

Los planteos referidos a la libertad o a las condiciones de detención de los ocho que aún están privados de su libertad, se tramitan por vía incidental. “En mi caso he pedido la prisión domiciliaria de Pedro Pablo Pérez, un jubilado de la Policía que está detenido, y tengo el certificado de discapacidad”, explicó Rivera. 

En el caso de Flavia María Belén Bedmar, la única mujer detenida, el beneficio de la prisión domiciliaria ya fue concedido hace unos meses, por pedido de la abogada Natalia García Salemi.

De todas maneras, la demora en la resolución de la causa motivaría que todos los acusados lleguen al eventual juicio oral en libertad, ya que en diciembre se vence el plazo legal de dos años para que estén presos sin condena. Los policías, de acuerdo a la acusación, habrían tenido alguna responsabilidad en los saqueos motivados por el paro que realizaron varios miembros de la fuerza, entre el 9 y el 11 de diciembre de 2013.

El caso entrerriano

El 8 de julio, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia condenó culpables a 17 policías a penas que van desde cuatro años y seis meses a tres años y seis meses de prisión efectiva. 

Durante el juicio, el fiscal Mario Guerrero sostuvo que los policías acusados “tomaron la Jefatura en la noche del 8 de diciembre de 2013, instigando a saqueo en la ciudad” y recordó que el grupo de policías irrumpió en esa dependencia arrojando gas lacrimógeno e ingresando a las oficinas de los jefes y privándolos de su libertad.

Un juicio inédito

En el caso de que la causa sea elevada a juicio oral, la Justicia tucumana se encontrará con un escollo: no cuenta con dependencias para celebrar audiencias con 47 imputados (que deben estar acompañados por sus abogados) además del fiscal de Cámara y del numeroso público y periodistas que, se estima, asistirán a los debates.