Lo cierto es que muchos de aquellos argumentos utilizados para cajonear los contratos petroleros se evaporaron de un día para otro y como por arte de magia los legisladores cambiaron de opinión, el cerebral y honorado informe del Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, paso a ser un mero informe no vinculante y el TC se jugó con un informe que abrió las puertas a la votación de hoy.

"Si votamos a favor van a decir que cobramos y si no tratamos el tema dicen que estamos esperando el cobro y si lo votamos por la negativa van decir que no cobramos" se sincero un legislador con este medio, lo cierto es que el parlamentario tiene razón, las sospechas sobre el pago de un retorno para que las petroleras puedan gozar de una extensión generosa en el tiempo, es un tema instalado y que ha sobrevolado la Legislatura cada vez que se hablo sobre los contratos petroleros.

Quien salió con los tapones de punta y tendió un manto de dudas, sobre todo el tratamiento fue el ex legislador ex legislador Manuel Raimbault.

"Llegó el momento en que la cadena de favores tiene una devolución" dijo Raimbault y agrego que "Pese a las observaciones del Fiscal, aparece ahora una resolución “favorable” del Tribunal de Cuentas que a su entender “recibió instrucciones” de la propia Legislatura.

“Después del simulacro de dictamen del TCP hay un escenario donde los actores seguramente van a decir que, habiendo intervenido los organismos de control y encontrando razonablemente favorable para los intereses provinciales este contrato, van a aprobarlo. Aunque haya sido secreto, nadie sepa de qué se trata, que exista incompatibilidad con la normativa legal y no se haya levantado ninguna de las observación es del Fiscal de Estado”, expuso.

“Parece que se necesitaba una excusa y esa excusa era que alguien diga que eso que está absolutamente hecho en forma irregular tenía alguna posibilidad de ser aprobado”, analizó sobre el dictamen del TCP que, si bien aprueba el análisis contable y legal, en su contenido está plagado de objeciones de parte de los auditores que intervinieron.

“La mayoría de los legisladores seguramente levantarán la mano y devolverán el favor que hace seis meses están dando las empresas petroleras a la provincia. Las empresas están pagando hace seis meses los sueldos, entre otros, de los funcionarios políticos de la provincia”, manifestó Raimbault.

Para el letrado “llegó el momento en que esa cadena de favores tiene una devolución, y me parece que es esta”, al tiempo que lamentó que “vamos a extender las concesiones que hizo Menem en su momento, en peores condiciones, nada más que por tapar un agujero de salarios. Me parece realmente una pena, porque además cuánto va a durar”, se preguntó, convencido de que la ratificación obedece a una cuestión de caja a resolver en el corto plazo.

“El mes que viene ya no les alcanza de vuelta y habremos entregado los recursos naturales por quince años más. Ni siquiera va a resolver esta coyuntura tan difícil. El dinero que van a recuperar por extender quince años más de menemismo en Tierra del Fuego no les alcanza ni para pagar un aguinaldo. Me parece que es nada más que un gesto que va a abrir la puerta a sucesivos contratos”, advirtió.

Sobre la posición del legislador Löffler, respecto de que la opinión del Fiscal de Estado no es vinculante y los legisladores pueden o no tomarla en cuenta, manifestó que “una cosa es lo que se debe y lo que se puede. En Tierra del Fuego la verdad se puede hacer cualquier cosa. Uno de los puntos del Fiscal de Estado es justamente no saber de qué se trata. Poder, está demostrado que se puede. Lo que se debería hacer es todo lo contrario. Esto será una cuestión de tiempo y hoy me parece que la coyuntura política apunta para otro lugar”, concedió.

Para Raimbault la participación del TCP “va a ser histórica. Tiene el valor de un simulacro, en un escenario donde alguien le pide algún argumento para que sea más fácil levantar la mano. A los legisladores les era un poco más difícil levantarla cuando todo estaba en contra”, analizó.

Reiteró que “tiene el valor de un simulacro en una acción política que ya estaba predispuesta” y dijo “no tener dudas de que el TCP recibió instrucciones y el TCP responde a órdenes de la Legislatura, a tal punto que lo escribió”, recordó en referencia al despido de los relatores del presidente Luis Caballero.

Finalmente alertó que desoír al Fiscal de Estado puede no ser gratuito. “Eso lo deja traslucir el propio fiscal, porque ve la posibilidad de que el poder político avance, no obstante su opinión. Y deja dicha la consecuencia, que puede ser la nulidad de los contratos votados. Son otros gobiernos los que después revisan estas cuestiones”, señaló asegurando que hay antecedentes en otras provincias.

“El vínculo de las empresas petroleras con el actual gobierno es tan grande, que es imposible que se dé en este tiempo”, manifestó, y consideró “central una intervención del gobierno nacional, frente a la libre disponibilidad de los contratos, para poder integrarlos a la ley nacional de soberanía energética. Me parece absolutamente incompatible, desde lo político, lo legal y lo social, que la Argentina vaya por un camino de soberanía energética y en Tierra del Fuego extendamos el menemismo por quince años más. Es un error político central que lo va a terminar pagando Tierra del Fuego”, concluyó.