En marzo, al ser consultado sobre los criterios por los cuales se aprobaría o no un proyecto, el titular de la Agencia de Bosques Nativos, Juan Godoy, había dicho que los fondos serían destinados a los titulares de tierras en las que no exista disputa con otros grupos que puedan reclaman su pertenencia a ese lugar.

El caso de Finca Michicola, de Eduardo Jesús Romani, del departamento San Martín, refuta lo sostenido por el funcionario.

En una nota que ingresó el lunes en el Ministerio de Ambiente, y que fue dada a conocer por el asesor del Partido Obrero y diputado con mandato vencido, Pablo López, Nepumoceno y Modesto Jaime sostuvieron que la comunidad por la cual hablan está ocupando las tierras que Romani reivindica como suyas.

Afirmaron que se encuentran desde 1902 "de forma continua, habitual e ininterrumpida", y por ello hay un juicio veinteñal iniciado.

Sostuvieron que Romani "nunca desde que vivimos aquí, hizo presencia alguna y menos acto posesorio", por lo que pidieron que, frente a las notificaciones, no se otorgue el pago de los fondos a Romani quien entienden, los está perjudicando.

Invitaron al gobernador Juan Manuel Urtubey, a visitar la comunidad en donde se dedicaron "a cuidar el monte que es el sustento de nuestra escasa hacienda".

También les hicieron saber que en caso de que otorguen los fondos "no permitiremos que entre este usurpante a interferir nuestro trabajo".

El proyecto de Romani para disponer unas 10 mil hectáreas como Reserva de Usos Múltiples, es uno de las 38 iniciativas aprobadas por la cartera ambiental.

"Aún no se entregó"

Al igual que las respuestas que dieron respecto del dinero que se quiso retirar abriendo una cuenta a nombre de un fallecido, los funcionarios del Ministerio de Ambiente indicaron que en el caso de Finca Michicola, los fondos aún no fueron cobrados.

"Ahora tenemos que ver que es lo que pasa", respondieron los funcionarios a Nuevo Diario.

Sostuvieron que el problema se generó porque el juicio no se encontraba inscripto en la cédula parcelaria, y que debieron ser los interesados (o sea los campesinos), los que tendrían que haber exigido que se inscriba en la cédula.

"Nos debe mandar la notificación un juez", agregaron al indicar que si bien la abogada de los campesinos envió una carta documento, esta notificación no tendría validez.