La reformulación del presupuesto 2011 sancionada por la Legislatura constituye todo un éxito político para el Poder Ejecutivo, ya que logró que el Parlamento concretara una serie de concesiones impensables al momento de insistir en la aprobación del presupuesto original para el año en curso, y sobre todo luego de que el Ejecutivo resolviera judicializar la cuestión y denunciara públicamente ser víctima de una maniobra de la oposición legislativa tendiente a complicar la gestión gubernamental durante un año electoral.

En esta puja, quien resultó objetivamente perjudicado fue el sistema de la seguridad social que administra el IPAUSS.

Si bien en principio podría interpretarse que la, por demás tardía, publicación del presupuesto insistido constituyó un revés político para el Ejecutivo, ya que de esa manera reconoció que su pretensión de cuestionar la validez del proyecto de presupuesto aprobado e insistido por la Legislatura carecía de todo sustento, resulta evidente que tal decisión se tomó una vez que tuvo asegurado que los cambios a incorporar a la ley resultaban absolutamente favorables a sus intereses.

La concesión que surge de manera más evidente es la delegación de la facultad legislativa en materia de distribución de los recursos que excedan los previstos por ley de presupuesto. En el proyecto original, el Parlamento había estipulado que de registrarse potenciales excedentes de ingresos “el Poder Ejecutivo deberá remitir a la Legislatura un proyecto de distribución de dichos excedentes”, el que debía ser aprobado o reformulado por la Legislatura “dentro de los 30 días contados desde el momento de su ingreso a Comisión”. Sólo en caso de vencido ese plazo sin aprobación del Parlamento, el Ejecutivo podría “distribuirlos o reasignarlos”, según su criterio.

A diferencia de ello, y en virtud del proyecto aprobado el pasado jueves 28, el Ejecutivo ahora únicamente “deberá informar al Poder Legislativo –dentro de las 72 horas de registrados– la distribución efectuada de dichos excedentes”. Esto implica que la gestión Ríos tendrá manos libres para decidir el destino de esos excedentes ya que la Legislatura nada podrá objetar al respecto.

En la puja Ejecutivo-Legislatura el mayor perjudicado fue el IPAUSS

Pero el mayor éxito obtenido por el Ejecutivo tuvo que ver con lograr que la Legislatura reviera el criterio original respecto del destino que debía darse a la totalidad de los fondos provenientes del pago efectuado por la empresa Tierra del Fuego Energía y Química por la compra anticipada de gas de regalías.

Inicialmente, el parlamento había resuelto que los 108 millones de pesos correspondientes a esa operación fueran transferidos durante este año en “su totalidad” al IPAUSS, “a cuenta de la deuda consolidada que mantiene con ese organismo el Poder Ejecutivo”. Además había implementado un plan de fortalecimiento del sistema de obra social que consistía en un incrementó adicional del 3% en las contribuciones patronales, a razón de un 1,5% por año. Ello implicaba que durante 2011 a las arcas del IPAUSS ingresarían los 108 millones de pesos de la venta de gas de regalías, otros 30 millones de pesos correspondientes al incremento de un punto y medio de las contribuciones que debía afrontar el estado provincial con recursos propios y otros 55 millones de pesos más, provenientes del programa de desendeudamiento provincial, tal lo establece la ley 818.

Claro que gran parte de estos 193 millones de pesos quedaron en el camino por obra y gracia de la reformulación del presupuesto 2011.

A partir de la nueva ley, de los 108 millones de pesos de la venta anticipada de gas de regalías el Ejecutivo afectará durante este 2011 unos 30 millones de pesos a solventar el incremento del 1,5% de la contribución patronal a la Obra Social que comienza a regir a partir del próximo mes. Esto implica que el Gobierno haga frente a esta obligación con parte del total de la venta de gas de regalías en lugar de afectar la totalidad de los mismos a reducir para de “la deuda consolidada” que mantiene con el IPAUSS.

En cuanto a los 78 millones de pesos restantes de la operación de venta de gas de regalías, que debían haber sido transferidos también durante este 2011, la Legislatura resolvió ahora que el Ejecutivo los remese al IPAUSS durante el 2012 en 12 cuotas iguales y consecutivas, a razón de 6,5 millones por mes.

En resumidas cuentas, durante este año al IPAUSS ingresaran por sobre lo presupuestado originalmente 30 millones de pesos más por el incremento de contribuciones patronales por Obra Social y los 55 millones de pesos correspondientes al programa de desendeudamiento, ya que sin bien la ley que ratificó ese acuerdo fue aprobada en septiembre del año pasado esa obligación aun no se habría hecho efectiva.

Es decir, que de los 193 millones de pesos previstos inicialmente, el IPAUSS recibirá a lo largo del año unos 85 millones de pesos.

Endeudamiento por 556 millones de pesos autorizado por ley

Las concesiones realizadas por la Legislatura al Ejecutivo con la aprobación de la reformulación del presupuesto 2011 se suman a otras herramientas financieras ya autorizadas por el Parlamento, que le pueden garantizar a la gestión Ríos afrontar sin contratiempos los que resta del año, ya que podrá hacer uso de autorización de financiamiento de corto plazo por hasta 556 millones de pesos.

Por ley de presupuesto de 2001, el Poder Ejecutivo provincial tiene atribuciones para, sin autorización previa de la Legislatura, recurrir “a financiamiento de corto plazo, cuya amortización no exceda el período de 12 meses, destinado a cubrir eventuales desequilibrios estacionales de caja, hasta el monto total equivalente al 10% del total de los gastos aprobados mediante la Ley de Presupuesto General del ejercicio correspondiente”. En este caso esa autorización alcanza los 456 millones de pesos.

En tanto, por la ley de presupuesto 2002 esta en condiciones de “emitir bonos, títulos públicos o letras de Tesorería o novación de deuda con garantía mediante la afectación patrimonial de bienes o derechos, de recursos de origen provincial o federal, o bien por la cesión o fideicomiso de derechos o acreencias, hasta la suma de 100 millones de pesos, destinados exclusivamente al pago de obligaciones financieras. Dichos instrumentos financieros, serán nominativos e intransferibles y devengarán un interés no menor a la tasa para depósitos a plazo fijo en pesos que aplique el Banco Provincia de Tierra del Fuego al momento de la fecha de emisión”.

Ejemplo de eficiencia administrativa

A diferencia de lo ocurrido con la publicación del presupuesto 2011 insistido por la Legislatura, que recién fue publicado como ley 841 por el Ejecutivo en el Boletín Oficial 40 días después de haber sido sancionado, la reformulación de esa misma ley que resultó aprobada el jueves 28 de abril fue promulgada y publicada por el Ejecutivo al día siguiente, el viernes 29 de abril, bajo el número 842. Es decir, todo el trámite demandó menos de 24 horas si se tiene en cuenta que la segunda sesión ordinaria finalizó cerca de las 20 del jueves.

Este ejemplo de eficiencia administrativa no colisiona solamente con la ineficiencia puesta de manifiesto respecto de la ley de presupuesto insistido, sino también con la demora que se verifica en la promulgación y posterior publicación del proyecto de ley que declaró la “emergencia sanitaria para la cobertura integral de pacientes bajo tratamiento oncológico”. Esta iniciativa había sido sancionada por la Legislatura el 17 de marzo y recién fue promulgada de hecho el 19 de abril –ya vencido el plazo legal para hacerlo– y publicada el pasado viernes 29 de abril. Justo un día después que el Parlamento aprobara un pedido de informe en el que, entre otras cuestiones, se solicitaba al Ejecutivo indicara fecha de promulgación y publicación de la norma en cuestión.