La vigencia de la medida de "no innovar", impuesta por el juez federal Ricardo Bustos Fierro, impide hasta el 28 de enero cualquier tipo de construcción en el predio del ex Batallón 141, dando lugar a una presentación realizada en 2011 en el marco de una investigación por delitos de lesa humanidad que investiga la fiscal Graciela López de Filoñuk.

La medida cautelar de no innovar, ordenada ante el pedido del fiscal Enrique Senestrari, regirá hasta que vuelva a sus funciones el juez Alejandro Sánchez Freytes, que lleva adelante ese tipo de causas a través del Juzgado Federal 3.

La decisión llega a horas de que el Concejo Deliberante aprobara -con los votos positivos de la Unión Cívica Radical y Unión Por Córdoba- el proyecto de ordenanza para permitir la construcción en esos predios, ratificando de esta manera el acuerdo firmado entre el municipio y la Corporación América.

El predio fue vendido en 2007 por el gobierno de la provincia al grupo Eurnekian, que ayer por la mañana había recibido la autorización para efectuar un emprendimiento a cambio de obras para la ciudad.

Esta resolución del juez federal se debe a la presentación de la abogada Valeria Balbi, representante de Carina Villafañe, historiadora de la Aeronáutica de Chile; quien asegura que en ese lugar se realizaron torturas en 1960, en el marco del plan Conintes, y aún hay restos óseos en el ex Batallón 141.

"Ha habido asesinatos, enterramientos y exterminado muchísima gente", indicó la abogada Valeria Balbi en declaraciones a Radio Universidad.

"Al enterarnos del loteo del lugar, recurrimos a la Justicia Federal, que es donde está presentada la denuncia de Carina Villafañe y hemos presentado la medida de no innovar. Eso no se puede tocar mientras una investigación federal en curso", reclamó la letrada refiriéndose a la denuncia que presentaron en 2011.