La iniciativa elaborada por la ex diputada del Frente para la Victoria y actual embajadora en México, Patricia Vaca Narvaja, fue aprobada en 2008 y modificada por el Senado en noviembre del año pasado, días antes de que perdiera estado parlamentario.

El proyecto, que es resistido por las empresas de medicina prepaga, reformula aspectos de la relación entre el afiliado y las prestadoras. Entre otras cuestiones, establece que, a partir de cierta cantidad de años de aportes, las prepagas no podrán aumentar las cuotas para esos afiliados mayores, por entender que los aportes que hicieron de jóvenes saldan ampliamente la brecha.

El texto también expresa que no puede haber plazos extensos irrazonables de carencia, a diferencia de lo que ocurre actualmente en cuanto a que las prepagas exigen determinada cantidad de pagos para que el afiliado pueda hacer uso efectivo del servicio.

Por su parte, la diputada nacional del FpV, Lic. Adela Segarra, remarcó que la iniciativa “modifica todo”. “En el actual sistema de Salud tenemos tres subsistemas conviviendo: el público, el de obras sociales y el privado, que incluye todas las prepagas y, en rigor, las prepagas no tienen ninguna regulación, excepto una del '96 que las incluye en el Programa Médico Obligatorio”, especificó este miércoles en declaraciones al programa televisivo 6-7-8 en Canal 7.

En tal sentido, la legisladora marplatense dijo que la medicina prepaga “no tiene ningún tipo de regulación en cuanto a cuotas ni equidad de los usuarios respecto de una u otra prepaga”, al tiempo que subrayó que la nueva legislación “contempla la regulación de las cuotas, cuáles son los períodos de carencias, que una persona mayor de 65 años mantenga la continuidad y no se contemplen aquellas enfermedades preexistentes”.

En ese orden, consideró que necesario avanzar con la normativa para “crear una nueva institucionalidad sustentada en la garantía de derecho”. “Es una política que empieza en la dictadura pero que claramente avanza en los años '90 y tiene que ver con la regulación del Estado, con la regulación del sistema de Salud y con la cantidad de trabajadores que quedaron fuera del sistema laboral”, añadió.

Asimismo, Segarra remarcó que al “agrandarse” la franja de beneficiarios del sistema de prepagas, la salud “pasó a ser algo netamente comercial”. “El argumento de algunos es que (las empresas prestadoras) se pueden desfinanciar porque la Ley garantiza derechos que no tenían beneficiarios de las prepagas”, advirtió, y resaltó que justamente se trata de buscar “una equiparación de derechos”.

Además, la Diputada sostuvo que también “es importante que el Ministerio de Salud y la Ley de Defensa del Consumidor tendrían incumbencia en la aplicación de esta Ley porque habría un sistema de contralor más exigente: intervienen de alguna maneras las asociaciones de consumidores”.

En otro párrafo, la legisladora advirtió que “las empresas prepagas son muy poderosas y tienen aproximadamente 4 millones de afiliados, y la Salud ha sido un comercio históricamente”.

A su vez, admitió que “se siente que hay presiones para que no salga” el proyecto, y reparó en que “de hecho, en las comisiones hubo consenso pero después no sale, en algún lugar se traba”.

Por último, recordó que “el Estado estuvo ausente no sólo porque no reguló la medicina prepaga, sino también porque no tuvo Salud pública durante los años '90 al no haber inversión en el sistema público, se lo desfinanció”.

“Estamos en el camino de recrear la institucionalidad desde la garantía de derecho”, sentenció.