No queda duda que esto forma parte de la campaña de despidos (justificados o no), que en los primeros 32 días hábiles del nuevo gobierno, ha alcanzado a más 55.000 personas (1.750 por día), una gran parte de ellos empleados púbicos.

Si el supuesto agresor hubiera sido verdulero, gastronómico, metalúrgico o empleado de un medio de comunicación, vale la pena preguntarnos si se hubiera destacado de tal manera su ocupación.

Empleados públicos son los docentes, los médicos, los policías, los científicos, el personal de tránsito, los empleados administrativos de cualquier ente gubernamental (desde el cementerio hasta un centro de vacunación), etc., es decir, son miles de argentinos que prestan su labor en beneficio de la comunidad, la que no podría vivir sin la tarea de estos funcionarios.

Si uno de ellos, por razones probadas, no cumple correctamente con sus funciones, debe ser sancionado, pero la estigmatización social colectiva de “los empleados públicos”, forma parte de una política para desmantelar el Estado. La prédica de estos mismos medios hizo que se malvendieran (y/o concesionaran)  empresas y fábricas vitales para la comunidad (¡hasta llegar a la estafa de las AFJP!). ¿Es esto el preanuncio de la vuelta a los 90? Dios quiera que no.

La otra campaña de estigmatización masiva es contra los movimientos sociales. Estas organizaciones surgieron ante el estallido social, frente al hambre y desocupación que hizo que ni el Estado, ni las organizaciones preexistentes, pudieran hacerse cargo de esa monumental crisis. Así nacieron comedores comunitarios, cooperativas, asociaciones de desocupados, grupos de trueque, empresas recuperadas, etc., etc.

Vemos que se reclama eliminar a las organizaciones intermedias que surgieron “flojas de papeles”, porque el hambre obligaba a priorizar la acción directa y porque las causas de la crisis, originada en las políticas que  se aplicaron desde el 24 de marzo de 1976 en adelante (con brevísimas interrupciones), aún hoy no han sido erradicadas totalmente.

Los antiestatistas de ayer, hoy furiosamente reclaman que el Estado intervenga y recupere tanto lo que la comunidad ha organizada, como lo que administra.

Frente al vergonzoso silencio generalizado de la dirigencia, una de las pocas voces que se ha expresado claramente en contra de esta campaña es la de Mons. Jorge Lozano, presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Iglesia argentina.

En una nota publicada en el diario La Nación, Lozano manifiesta: “Es importante recordar que una gran cantidad de organizaciones y movimientos sociales surge en torno a la gravísima crisis institucional de 2001. En aquel momento los partidos políticos, sindicatos y otras instituciones no representaban a una parte importante de la población, especialmente a los más pobres, que quedaron a la deriva ante la ausencia del Estado, la perplejidad de la dirigencia y el "sálvese quien pueda" de quienes se borraron esperando tiempos mejores. La sensación era la de un naufragio en el cual algunos accedieron a los botes y muchos quedaron abandonados a su suerte. ¿Qué hubiera sido de nuestros niños y ancianos, de muchas familias, sin los comedores comunitarios? ¿Si no hubieran tenido la posibilidad de autoconvocarse para reciclar residuos (cartoneros)? Estas organizaciones fueron salvavidas que juntaron los despojos y ayudaron a que el desastre no resultara mayor.”

Para agregar luego “Pareciera que una ética de baja intensidad se aplica a algunas instituciones "comprendiendo" la fragilidad humana, la corrupción y la inoperancia; y se tiene cero tolerancia para evaluar a otras. Han perjudicado más al país personajes ineptos e inmorales con importantes títulos académicos que los dirigentes humildes.”

Si bien por razones de exagerada prudencia eclesial (¿o para evitar la censura?), no menciona a Milagro Sala, el responsable de la Pastoral Social afirma “En las últimas semanas se criticó peyorativamente en algunos medios y en las redes sociales a diversas organizaciones y a sus líderes, con el serio riesgo de generar un clima hostil e intolerante. Mediante insultos, basados en noticias sin chequear, se usan como "chivos expiatorios" a algunos líderes sociales, sin mencionar a quienes se enriquecieron a costa del Estado incrementando escandalosamente sus patrimonios personales o empresariales. Debemos cuidarnos de no caer en lo que Francisco llama "sutil xenofobia", bajo el noble ropaje de lucha contra la corrupción o el clientelismo.”

Sólo destacar que Jujuy es la provincia argentina donde más disminuyó el déficit habitacional y contraponerlo con el distrito más rico del país (la CABA), para terminar con la discusión.

La única verdad es la realidad, diría Aristóteles.

                                                                                          Lic. Jorge Benedetti