Tras el pedido de expropiación de este inmueble que la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas había presentado ante la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, la diputada Fernanda Raverta (FpV) y el diputado Pablo Farías (GEN-FAP) elaboraron dos proyectos, -finalmente reunidos en uno solo-, desde el cual se pretende que luego de su expropiación se cree allí un establecimiento para la memoria y lucha contra el delito de trata de personas.

La Casita Azul se encuentra ubicada en la calle 20 de Septiembre 57, en el barrio de La Perla, muy cerca del histórico asilo Saturnino Unzué.

Los legisladores marplatenses lograron que este jueves en sesión ordinaria la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires le de media sanción al proyecto y ahora solo restará que la expropiacón sea avalada por el Senado bonaerense para que de este modo se convierta en Ley.

El espíritu de la expropiación fue claramente enunciado por la Mesa Interinstitucional en un documento anexo presentado junto al proyecto de ley: “Resulta de vital importancia establecer políticas de coordinación entre los distintos niveles del Estado (municipal, provincial y nacional) para ‘atacar’ fuertemente este flagelo, brindando principal y urgentemente una asistencia integral a las víctimas”.

La idea es “contar con un lugar donde las mujeres puedan ser contenidas y dónde se les explique pormenorizadamente los derechos contemplados en las leyes vigentes, cómo ejercerlos, qué posibilidades y con qué medios cuentan para ello”.

“La aspiración de la Mesa Interinstitucional -dijeron- es lograr que la Provincia de Buenos Aires expropie el inmueble mencionado a los efectos de crear allí una Casa Marplatense de la Memoria y Lucha contra el delito de Trata de personas, desde el cual se generen y gestionen campañas de promoción contra este flagelo que nos aqueja a todos, se establezcan oficinas de atención, contención y asesoramiento a víctimas de explotación sexual, y desde donde se gestionen a través de los distintos entes de gobierno y ministerios lazos que les permitan reinsertarse en el mercado laboral y/o en el sistema educativo”.

Una vez que la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto, la Diputada Fernanda Raverta expresó su inocultable felicidad: “Estamos muy contentos, esto es una lucha que venimos dando desde hace tiempo y no es casual que podamos dar este debate en este momento. Es una lucha cultural que debemos dar como sociedad argentina y, por supuesto también del Estado, que es el que representa a esa sociedad, en la lucha contra la trata de personas” especificó.

UN SÍMBOLO

Casita Azul fue, durante años, un símbolo de la explotación sexual de mujeres vulnerables: en el inmueble de 20 de Septiembre 57 funcionó durante años un prostíbulo en el cual se acogía y explotaba sexualmente a mujeres argentinas y extranjeras.

Por accionar de la Justicia Federal, fue clausurado y cerrado en 2009 y 2010. La causa N° 5385 tramitó en la Fiscalía Federal N° 2 de Mar del Plata y el 7 de octubre de 2011 fueron condenados Eduardo Adolfo Muelas, Marcelo Luciano Muelas y Graciela del Valle Carabajal a cuatro años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual respecto de doce víctimas de nacionalidad paraguaya y dominicana.

Llamativamente el lugar volvió a abrir sus puertas el verano de 2012, y tras una investigación judicial, cerró sus puertas de manera definitiva el 27 de marzo de 2012.

“Lograr la expropiación de este inmueble marcará un hito a nivel nacional, provincial y específicamente en nuestra ciudad, localidad con mayor cantidad de sentencias condenatorias por el delito de trata de personas en todo el país”, sostuvieron desde la Mesa.

EL DESTINO DE LAS VÍCTIMAS

“La experiencia de los funcionarios responsables de la aplicación de la ley en cuanto a delitos de explotación sexual y trata de personas indica que resulta habitual que las mujeres ‘rescatadas’ en los prostíbulos, a raíz de un procedimiento judicial, vuelven a los mismos: es decir semanas o meses más tarde, como consecuencia del allanamiento de otro prostíbulo o ‘whiskería’, muchas de estas mujeres son nuevamente encontradas en situaciones de explotación similares o peores a la anterior”, señalaron desde la Mesa Interinstitucional.

Es por ello, que desde el espacio conformado por la Justicia Federal y provincial, las defensorías del Pueblo de la ciudad y la provincia, el Sindicato de Prensa, el Camm, y otras instituciones y personas abocadas a la lucha contra la trata, apuntan a brindar una asistencia integral a las víctimas.

“Esta integralidad de la que hablamos, se refiere a la contención y ayuda psicológica y médica, de vivienda y recursos de los que carecen las personas que sufren este tipo de explotaciones y que agravan su situación de vulnerabilidad, que junto a otros factores inciden decisivamente en que vuelvan a resultar víctimas de explotación o a decidir ejercer la prostitución como medio de vida”.

En este sentido, repararon en más allá de los Pactos Internacionales ratificados por Argentina -que propugnan la obligación del Estado de brindar una real asistencia a las víctimas- “la reciente sanción de la ley 26.842 (que modifica la ley 26.364), viene a plasmarlo explícitamente en su artículo 4”.

“En los incisos b), d) y m) se puntualiza sobre la asistencia psicológica y médica con el fin de garantizar su reinserción social, recibir capacitación laboral con el objeto de obtener un empleo y favorecer su reinserción o incorporación al sistema educativo”, detallaron.

“Todo esto va a permitir que el Estado realice un real y efectivo ‘rescate’ de esa persona, brindándole oportunidades para desarrollarse y salir definitivamente del contexto de explotación que sufría”, enfatizaron.