La mitad de los $ 1.134 millones con los cuales la Legislatura amplió el Presupuesto General de la Provincia para este año (establecido originalmente en $ 7.100 millones) es para cubrir recomposiciones de sueldo de los trabajadores del Estado que ya fueron otorgados. Así lo sostiene el presidente del bloque Tucumán Crece, Roque Alvarez, quien brindó un detalle de cómo se emplearan los recursos.

"En total, $ 560 millones, o sea el 49,4% del total de la ampliación presupuestaria, corresponde a crédito a distribuir por incrementos salariales ya otorgados. Es decir, ya se pagó ese dinero, pero hay que establecer esa realidad en el Presupuesto 2010, el cual no preveía que se iban a dar los aumentos", puntualizó. Precisamente, señaló que durante las paritarias de marzo, el Gobierno otorgó subas de haberes que, según el escalafón del trabajador estatal, fueron de entre el 9% y el 22%. "También se pactaron refuerzos del 20% en julio y de otro 20% en octubre, pero el gobernador, José Alperovich, que resolvió en julio que anticiparía lo de octubre y los pagó juntos. Todo eso representa los $ 560 millones referidos", subrayó.

A ese monto, explicó Alvarez, hay que sumar $ 30 millones que son destinados a aportes para los colegios privados. "Contra lo que sostuvo la oposición, los subsidios no son para financiar clientelismo. Estos recursos para la educación privada tienen que ver con que, pese a la masiva construcción de escuelas, el Estado todavía no puede darle un banco a cada educando tucumano", puntualizó.

Otros $ 18 millones, según el oficialista, corresponden a gastos en personal todavía no ejecutados, y hay $ 10 millones más para atender incrementos de salarios docentes y el aguinaldo de diciembre.

Libres y afectados

Un segundo capítulo en materia de distribución de los recursos con los que se amplió el presupuesto refiere a las municipalidades y las comunas rurales. "Se les asignarán $ 172 millones, lo que representa un aumento de casi el 32% de su coparticipación", precisó.

Finalmente, $ 77,5 millones se destinarán a los organismos descentralizados. "En especial, al Instituto Provincial de la Vivienda", consignó Alvarez.

Los $ 267,5 millones restantes son los que, según el propio parlamentario, quedan técnicamente libres. "Pero se ocupan en destinos específicos. Por ejemplo, el funcionamiento de los tres juzgados en Familia y Sucesiones que creamos en la última sesión representan un gasto de $ 5 millones anuales. Ese dinero saldrá de allí", aseveró.

Sin imputación específica

Ahora bien, ninguna de estas pautas están fijadas en el dictamen que aprobó la Legislatura el jueves pasado. Por el contrario, todo lo que informa la norma sancionada es que, de los $ 1.134 millones, a la Administración Central y los Poderes del Estado corresponderán $ 1.056,5 millones; y los restantes $ 77,5 millones a los organismos descentralizados. Pero el texto no fija ni el detalle de Alvarez ni ninguna imputación específica a la que el Ejecutivo deba atenerse.

Alvarez reconoció que es así. "Pero en el recinto expuse esta distribución del gasto, así que forma parte del espíritu de la ley. Y, además, todo será controlado por el Tribunal de Cuentas", concluyó.