La semana pasada, caducó el convenio que tenían anteriormente el PAMI con las instituciones médicas y no se ha vuelto a firmar el nuevo, que propone el pago de prestación por cápita.

Durante mes de abril, las instituciones médicas se despertaron con la sorpresa de la Resolución 0395/17 del PAMI, que modifica el actual sistema de pago por prestación retornando al viejo pago por cápita, que causó el deterioro de la atención médica y puso a clínicas y sanatorios, en su interior a los doctores, en situaciones críticas.

Según trascendidos, el monto que se abonaría es de alrededor de $300 por afiliado por mes en todo concepto; con este importe las instituciones médicas deberán hacerse cargo de toda la atención que el paciente necesite: terapia, transfusiones, cirugías varias, fracturas, tanto para cubrir los gastos de la clínica como los honorarios de los médicos. Esto implica una disminución de ingreso de alrededor del 53%.

En este marco, varias instituciones ya consideraron dejar de ser prestadoras de la obra social de los jubilados y de hecho en Junín, en algunos casos, ya se implementa. Las voces no tardaron en hacerse oír y clínicas del oeste y norte del Gran Buenos Aires, que cubren una población aproximada de 900.000 afiliados, informaron que cesarán la atención.

Se especula que esto se replicaría en diferentes clínicas de todo el país y especialmente en Junín, donde muchas de las instituciones que actualmente atienden a jubilados y pensionados se verían gravemente comprometidas, no solo en la calidad de atención sino que incluso las llevaría a la banca rota. Esto pondría a los prestadores en una situación en la que no se podrían brindar las prestaciones médicas necesarias que se vienen realizando actualmente y dejaría a los jubilados en el desamparo, ya que probablemente no haya instituciones privadas que puedan atenderlos (salvo urgencias y guardias) y quedarían en manos de hospitales públicos, ya colapsados.

Los empresarios del sector salud, en una nota dirigida al director ejecutivo licenciado Sergio Cansinotti, responsabilizaron "directamente al PAMI de los conflictos gremiales, sociales y prestacionales que el impacto económico que la resolución 395/17 pueda ocasionar". Además, explicaron que la decisión por parte del PAMI es pura y exclusivamente económica, ya que pretenden reducir sus gastos en desmedro de sus afiliados.