La tenaz disputa que mantienen los Autoconvocados de la salud con el Gobierno provincial debido a la negativa de este último en reabrir la mesa de paritarias para mejorar el parámetro salarial del sector, promovió, no solamente la aplicación de medidas de fuerza impulsadas por los galenos desde marzo último, sino además, la expresión de acérrimas críticas a las políticas oficiales digitadas para el sistema sanitario comarcano.

En oportunidad de la vigilia realizada por los médicos el pasado 24 de mayo para conmemorar el Primer Gobierno Patrio, en plaza Independencia se dio lectura a un duro documento (en cuanto a los conceptos vertidos en el mismo) elaborado por profesionales de Famaillá donde se dio cuenta, de acuerdo al análisis proyectado, sobre la crisis de la salud pública en Tucumán.

“Hoy encontramos a la salud pública como una paciente de pronóstico reservado, con síntomas de alto riesgos, producto de constantes ataques por parte de las autoridades provinciales a los trabajadores de la salud, verdaderas barreras defensivas que sostienen el sistema y evitan su colapso”, consigna uno de los párrafos del documento, que fuera leído por Estela Di Cola, secretaria general del SITAS (núcleo gremial que conjuga orgánicamente a los galenos disidentes). Las irregularidades determinadas por los Autoconvocados responderían a varios factores que propiciaron la agudización de la problemática que trastorna a la administración alperovista desde hace ya más de dos años. “Esta situación se manifiesta en los paupérrimos salarios y el trato discriminatorio e inequitativo que padecemos. A lo que se suma la degradación de los valores éticos y morales, causada por la desmedida claudicación de los seudo-representantes gremiales, parásitos genuflexos que se enquistaron en sus organizaciones y desde allí diseminan su daño impactando directamente en las entrañas del sistema”, en este sentido, aludiendo a gremios como ATSA, AME y SUMAR, los cuales sí rubricaron el acta acuerdo con el Ejecutivo.

Falta de prioridades

Seguidamente, se cuestionaron las apreciaciones vertidas por el ofcialismo en razón de su trato hacia el movimiento. “En las primeras referencias éramos considerados ‘loquitos’ e ‘insanos’. Había que ser insano para seguir trabajando en salas infectos contagiosas o de rayos x sin protección y permitir que te denigren o se rían cuando exiges que te remuneren actividad crítica. Hay que ser loco para no pedir el pago por trabajo insalubre dejando nuestras vidas en la lucha frenética contra la gripe A, como los hicieron nuestras compañeras enfermeras heroínas del hospital del niño Jesús (Débora Molina y Norma Aquino)”, señaló efusivamente Di Cola durante esa noche de protesta.

Sin embargo, la serie de contestaciones ante lo argumentado desde la cúpula guberbnamental no culminó allí, pues se diversificó en denostar la capacidad física y de infraestructura del esquema hospitalario provincial.

“Hay que ser loco para no pedir que reconozcan para todo el interior de Tucumán el pago del adicional por zonas desfavorable o muy desfavorable. Hay que ser un enfermo mental para continuar salvando vidas en las salas de terapias y guardias, mientras los cielorrasos se caen, los techos con grandes boquetes, las paredes agrietadas, los pasillos inundados y baños deteriorados, una imagen siniestra repetidas en los emblemáticos hospitales Padilla y Niño Jesús, obras que el gobierno provincial exhibe como la más importante en materia de salud”. Relacionado a ello, se indicó en la nota, que el accionar entablado por los lineamientos codificados por las autoridades que entienden en el área sanitaria no se corresponde con la finalidad para la cual está supeditada el servicio de salud en sí. “Se sigue priorizando hoy el asistencialismo tecnócrata que justifica mayor productividad, mayor provisión de recursos económicos, en desmedro de la prevención, verdadera columna vertebral-medular de la atención primaria de la salud”.

“Pero para el gobernante de Tucumán, este modelo de gestión no encaja en sus ideas mercantilistas ya que, como una contradicción infinita, hoy se premia y es más importante tener más pacientes internados, más número de consultas, en síntesis, más enfermos que personas sanas”, destacan a modo de parangón los médicos combativos.

Presupuesto cuestionado

Al mismo tiempo, llevaron adelante una acérrima objeción en torno de la masa presupuestaria destinada al mantenimiento de recursos materiales para brindar la atención sanitaria, al alegar una distribución inequitativa de los respectivos fondos. De esta forma, sostuvieron los galenos que dicha fracción monetaria se basa en “bochornosas sumas como si se trataran de dádivas para los nosocomios del interior, imposibilitados estos para cubrir todas sus necesidades en materia de medicamentos, materiales descartables, combustibles, raciones de comida, luz, agua, material de librería, escasos recursos de dinero, que contrastan con los discursos ostentosos que realiza nuestra autoridad máxima”.

Finalmente, se puso sobre el tapete la argumentación gubernalmental que justifica un incremento del gasto en salud pública determinado por el ascenso de la planta del personal del SIPROSA de 6.000 a 15.000 empleados. Ante dicha proyección, los médicos se preguntan retóricamente “entonces ¿como se explica que estemos en crisis?. ¿Será quizás que allí se meten dentro de la misma bolsa precarizados por planes sociales nacionales, contratos por magros montos a profesionales por planes nacionales (ejemplo plan nacer y comunitarios) que tampoco salen del presupuesto de salud del estado provincial, y los empleados de las cooperativas de limpieza y de cocinas, que tampoco pertenecen al SIPROSA?”, señala el documento que fuera leído por Di Cola en ese entonces.