Después de tanto clamar por una elevación a juicio y tanto esperar una condena que pueda mitigar, al menos en parte, el dolor que genera una pérdida, las familias de las víctimas por violencia de género viven esta situación con indignación y desilusión.

El caso más reciente es el de Roberto Almirón, quien fue condenado -a mediados del año pasado- a 18 años de prisión por el crimen de Ivana Correa y a pesar de que Casación bonaerense haya ratificado el fallo hace un mes, hoy está libre a partir de un recurso presentado por su defensa.

“Estamos indignados, no puede ser que la Justicia se maneje así, de una forma tan equivocada”, manifestó resignada Liliana Correa, madre de la joven que el 29 de enero de 2011 fue rociada con alcohol y prendida fuego por su entonces pareja: falleció en el hospital tras seis días de agonía. “Este hombre estuvo detenido unos días y fue liberado por buena conducta. Ahora camina como cualquier otro por El Jagüel y quien se lo encuentre no va a saber que es un asesino”, expresó Liliana. 

Además, ella teme por los hijos que dejó Ivana, de 12 y 5 años, que tuvo con una pareja anterior a Almirón. “Todos los días cuando me acuesto, la recuerdo, lloro y le pido a Dios que proteja a mis nietos porque no quiero que esta persona se vengue de mi hija o de mí y los lastime”, confesó angustiada la madre de la víctima.

El proceso. En julio de 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora condenó de forma unánime a Roberto Almirón (53) por “homicidio simple” a 18 años de prisión por el crimen de Ivana Correa (23), ocurrido en su casa del barrio Coca Cola de El Jagüel, Esteban Echeverría.

Llegó libre al juicio y después de que se conociera el fallo, continuó en esa condiciónhasta que quedara firme en el Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires. En julio de este año, la Sala II de Casación ratificó la condena y ordenó la detención de Almirón. Si bien ésta se concretó “promediando el mes de julio, la defensa oficial presentó un hábeas corpus inmediatamente”, explicó el abogado de la familia Correa en dialogo con Info Región, Gabriel Ponce. El recurso fue tomado por la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas, que le hizo lugar y volvió a dejar en libertad al condenado, que estuvo preso menos de 15 días, según sostuvo el letrado.

“Los argumentos que esgrimió la Cámara fueron que Almirón siempre se presentó cuando fue convocado y que nunca hubo peligro de que se fugara”, indicó Ponce. “La defensa, además, presentó una apelación ante Suprema Corte por el fallo condenatorio que confirmó Casación”, agregó. 

“Me parece desproporcionado porque hay gente que está acusada de delitos menores y quizá porque tienen antecedentes llegan con prisión preventiva al juicio, y esta persona que está condenada a 18 años por el Tribunal y la condena está ratificada por Casación, sigue libre”, opinó Ponce.

A raíz de esto, la fiscalía general de Lomas de Zamora apelará la decisión resuelta por Casación sobre la libertad de Almirón, ante ese mismo tribunal, contó el letrado. De todos modos, hasta que haya un pronunciamiento al respecto, el asesino de Ivana Correa seguirá libre.

El caso de Fátima Catán. Además de Almirón, en la Región hay otros hombres que están procesados y condenados por haber matado a sus respectivas parejas pero no están presos.

Tal es el caso de Martín Santillán, quien actualmente cumple un régimen de prisión domiciliaria después de haber sido condenado en abril de este año por el TOC 4 –el mismo que encontró culpable a Almirón del crimen de Ivana Correa- a 20 años de prisión por haber rociado con alcohol y prendido fuego a Fátima Catán.

Según explicó en dialogo con Info Región el abogado de la familia Catán, Gabriel Juricich, “el fallo fue apelado por la defensa el mismo día que se dictó la sentencia” y por eso “tiene prisión domiciliaria hasta que Casación tome una determinación”. Juricich aclaró que si bien “todavía no está fijada la fecha de la audiencia en Casación”, a Santillán “lo van a mandar a prisión, sin duda”.

El hecho ocurrió el 23 de agosto de 2010 en el domicilio donde vivía la pareja, ubicado en Villa Fiorito. A cinco años de esa fecha y con un fallo condenatorio emitido hace unos meses, los familiares y allegados de Fátima Catán siguen reclamando justicia como lo hicieron desde el primer día.

Caso Mareco. Hector Pared también recibió el beneficio de la prisión domiciliaria a pesar de que el TOC 10 lo encontró culpable del crimen de su entonces pareja, Mónica Mareco.

El asesinato ocurrió durante la noche del 18 de agosto de 2011 cuando Pared (58) volvió a su hogar ubicado en Dean Funes al 2800, en Lanús Oeste. La pareja habría discutido sobre presuntas infidelidades de la mujer, quien quería terminar la relación.

El cadáver de Mareco presentaba nueve impactos en la cabeza, dos en una de sus manos y uno en el torso. Se confirmó que el arma pertenecía al padre de la mujer.

Pared fue declarado culpable por "homicidio calificado, agravado por el vínculo y en concurso real con tenencia de arma de uso civil”, pero no fue a la cárcel. Es que junto con la sentencia de 15 años de prisión, el TOC 10 le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria después de que el condenado haya pedido una “oportunidad” (por su trabajo y su hijo) en sus últimas palabras y que su defensa haya argumentado, en la etapa de alegatos, que mantuvo una “buena conducta” durante el proceso.

Ellas ya no están para criar ni ver crecer, nacer en el caso de Fátima, a sus hijos. Sus asesinos fueron juzgados y condenados, pero en esos ribetes judiciales encontraron la posibilidad de no cumplir con la condena de forma efectiva; es decir, pueden seguir viviendo en sus casas. Y mientras tanto, las familias de las víctimas esperan –con cierta desilusión- que los asesinos estén tras las rejas.