Masacre policial: “Esa noche mi hijo estaba en casa”

La madre de uno de los acusados declaró ante los jueces y admitió que su hijo estuvo prófugo por consejo de ella y de dos abogados. Se viene la definición por la cámara oculta al otro sospechoso.
La madre de Mariano Ezequiel Filippi Medina (uno de los acusados –junto a Marcos Casetti- por el triple crimen policial ocurrido el 19 de octubre de 2007 en La Plata) declaró en el marco del juicio oral y aseveró que la noche del hecho el joven estaba en su casa durmiendo y complicó al coprocesado al aseverar que, tras la masacre, fue a su casa junto a su padre para pedirle que forme parte de la coartada para desviar la investigación del caso. También declaró la concubina de Casetti y sostuvo (entre llantos) que la cámara oculta en la que el padre de su hija se autoincrimina, fue filmada bajo amenazas de muerte. El ingreso, o no, de ese registro fílmico como prueba está pendiente de resolución por los jueces del Tribunal Oral Criminal II de La Plata.

Liliana Teresa Medina, madre de Filippi Medina, declaró durante dos horas ante los magistrados y las partes. A preguntas del defensor particular Luis María Giordano reconoció que su hijo y Casetti fueron compañeros de estudio en el Normal 1 de La Plata, pero no lo ubicó dentro de su círculo de amistades. “Sus amigos venían a casa y él (por el ex policía Casetti) no”, detalló la mujer.

También confirmó que días después de los crímenes de Pedro Díaz, Alejandro Vatalaro y Ricardo Germán Torres Barboza, Casetti y su padre (Roque, policía retirado) se presentaron en su casa para pedirle a ella y a su ex marido que Filippi Medina ayude en la versión de Casetti. “Quería que mi hijo declarara que esa noche (entre el 18 y la madrugada del 19 de octubre de 2007) estuvo con él (por Marcos Casetti) en una plaza tomando cerveza”.

Medina reconoció que su hijo era adicto a estupefacientes, pero aclaró que empezó con el tratamiento de recuperación en junio de 2007, tres meses antes de la masacre. “Estaba preso en casa” dijo al aclarar que ella en persona lo cuidaba permanentemente. “No tenemos nada que esconder, mi hijo se ha prestado voluntariamente a todos los requerimientos”, se explayó la mujer y recordó que cuando le allanaron su vivienda en la localidad bonaerense de San Nicolás, su hijo “no se opuso” a la extracción de material genético (pelo, sangre y saliva) para los estudios de ADN que finalmente dieron negativo.

Uno de los ejes de las preguntas rondaron sobre el tiempo que su hijo estuvo prófugo: “Fue una decisión mía, quería protegerlo, hablé con dos abogados y me dijeron que no lo presente”, detalló la mujer y recordó que tras el allanamiento de su vivienda “empezó la condena social de la Policía y de los medios de comunicación. En medio del procedimiento me llamaban de los medios. A partir de ahí decidí que se aleje de San Nicolás. Quería resguardarlo, lo condenaron sin ser condenado”, expresó indignada.

Cabe recordar que, al momento del hecho, Filippi Medina vivía en La Plata. Meses después se fue a San Nicolás, donde retomó sus estudios universitarios y, ante la inminente detención, se refugió en una pensión de la provincia de Corrientes, donde finalmente fue capturado.

El joven estudiante de Derecho aparece mencionado en la cámara oculta en la que Casetti se autoincrimina y lo ubica a él y al prófugo Fernando Darío Maciel (cuyo ADN fue encontrado en la escena del crimen).

Filmación. En la audiencia del miércoles 19 de marzo pasado, el fiscal Martín Chiorazzi había solicitado la proyección de la cámara oculta en la que se ve a Marcos Casetti narrar en primera persona cómo fue al ataque. La defensa se opuso por entender que esa prueba se había obtenido violando garantías constitucionales y generaban agravios al derecho de defensa en juicio. Por ese video, la Sala III de la Cámara Penal de La Plata, liberó a varias personas que estuvieron más de un año detenidas. La defensora oficial Verónica Garganta sostuvo que esa prueba “sirvió para liberar, ya que no afectaba garantías constitucionales, pero no tiene valor para construir una condena”.

En esa línea de argumentación la defensora oficial María Vigorelli recordó un fallo de la Cámara Nacional Federal en el marco de la megacausa “Skanska”, donde los jueces concluyeron que “la premisa de haber existido una causa judicial en curso censura la utilización de vías paralelas, para obtener prueba al margen de las garantías de las que goza toda persona imputada dentro de un proceso penal. Una vez que determinado conflicto penal es sometido a la jurisdicción, la finalidad última de averiguación de la verdad no puede alcanzarse sino por la vías acotadas que reaseguran los derechos individuales frente al poder punitivo del Estado. Esto supone no sólo límites y prohibiciones dirigidos a los funcionarios estatales en tanto encargados directos de la investigación, sino también la imposibilidad de aprovecharse de la actividad privada paralela que no se ajuste a dichas restricciones y que de haber sido realizada por los primeros se reputaría sin más como violatoria de garantías constitucionales”.

Vigorelli mantuvo que la sentencia está firme ya que el fiscal la consintió con “su no apelación” y detalló que en otro pasaje de la misma los magistrados advirtieron que de admitir grabaciones ocultas “convertirían a la administración de justicia en beneficiaria de hechos inconstitucionales”.

Por su parte el fiscal argumentó que el video es “un documento que contiene una prueba y no se viola ninguna garantía constitucional con su exhibición”. En tanto el representante de la familia Vatalaro alegó que el planteo de la defensa fue hecho fuera de término y que “la etapa procesal a precluído”. “Las expresiones de Casetti fueron por su propia voluntad, no se ha demostrado que haya sido amenazado”, aclaró el letrado.

Por su parte el abogado Juan Di Nardo reforzó esa línea al fundamentar que “el video y su transcripción son prueba a debatir que ya se conocía con anterioridad al juicio oral”.

Tras escuchar a las partes, los jueces darán a conocer el resultado del incidente en el transcurso de las próximas audiencias.

Coartada. Brenda Natalia Santodomingo es la pareja de Casetti, con quien tuvo una hija. Intentó llevar a los estrados una versión favorable para el ex policía (apartado de la fuerza el 21 de diciembre de 2007). Lloró al asegurar que la cámara oculta fue filmada bajo amenaza de muerte.

Tras escuchar esa versión el fiscal, los jueces y el letrado Di Nardo comenzaron con las preguntas, en las que la testigo aseguró que la noche de la masacre, Casetti estuvo reunido con “compañeros del secundario”. Filippi Medina y el prófugo Maciel lo fueron. Las contradicciones de la testigo fueron de tal envergadura, que la jueza Liliana Torrisi le preguntó en dos oportunidades si había entendido el artículo del Código Penal que le leyeron antes de que declare, en relación al delito de falso testimonio.

La próxima audiencia será este miércoles 26 de marzo, a las 9, según lo dispuestos por los jueces Torrisi, Claudio Bernard y Silvia Hoerr, por la secretaría de Claudia Bravo.

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