Los diputados Carlos Martínez y Fabricio Bolatti, junto a vecinos y varias organizaciones sociales, denunciaron ayer al intendente José Carbajal, a su esposa la diputada Elda Altamiranda, al empresario arrocero Eduardo Meichtry y a los empresarios aeroaplicadores por una decena de delitos graves tras el escándalo y los incidentes ocurridos el sábado en La Leonesa, donde debía disertar el científico del Conicet Andrés Carrasco. En un fuerte alegato donde dejó claro que el centro del debate es el modelo productivo, el legislador de Libres del Sur aseguró que el trasfondo está dado por “intereses económicos muy fuertes, y una mafia de la soja y del agrotóxico”. Mañana, en horario a determinar, habrá una movilización por el centro de la capital provincial en repudio a los hechos.

Ayer, en conferencia de prensa y con duros conceptos, los diputados Carlos Martínez (Libres del Sur) y Fabricio Bolatti (Frente Grande) adelantaron una serie de acciones en la justicia y en la propia Cámara de Diputados para esclarecer responsabilidades por los incidentes que terminaron con varios lesionados, entre ellos el propio Martínez y el dirigente Marcelo Salgado, coordinador en el Chaco del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI).

También exigieron al gobierno provincial garantías para su seguridad y que sea el propio gobernador quien exprese una condena pública de los hechos, además de brindar una disculpa oficial al investigador del Conicet. Además, solicitaron el arresto del jefe comunal por haber violado los fueros parlamentarios; y señalaron que la diputada Insaurralde “no está en condiciones ser legisladora”.

Apenas pasadas las 10,30, el diputado Martínez tomó la palabra para denunciar una “asociación ilícita para delinquir” integrada por el intendente de La Leonesa, su esposa y el dueño de las arroceras Cancha Larga y San Carlos. En la mesa del Fénix Café lo acompañaron, además de Bolatti y Salgado, Juan Álvarez (presidente de la Cámara de Comercio del Departamento Bermejo), y el dirigente del Frente Grande Daniel Trabalón; los mismos que el sábado vivieron la violencia en carne propia. Estuvieron también acompañando la rueda de prensa el titular del Centro de Estudios Nelson Mandela, Rolando Núñez; el concejal del municipio de Resistencia, Rafael Kadlec (ARI) y el diputado Daniel San Cristóbal (Frente Grande).

“Patota movilizada”

Al desarrollar la trama de lo ocurrido, Martínez señaló al empresario Meichtry como responsable de garantizar “la estructura para que la patota se movilizara desde la municipalidad” hacia la escuela donde el doctor Carrasco y quienes lo acompañaban debían realizar una disertación. Así, el diputado también acusó a los integrantes de la Cámara de Empresas Agroaéreas Entrerrianas por “complicidad e incitación a la violencia”.

A su turno, Bolatti se solidarizó “con todos los vecinos que fueron golpeados”, y advirtió que muchos de ellos tienen miedo: “No quieren salir de sus casas después de este hecho vandálico”, subrayó.

Una veintena

de denuncias

Tras “marcar” a los responsables de la violencia, Martínez los acusó de ser autores de una serie de delitos penales con condenas no excarcelables. En este sentido, enumeró la serie de presentaciones efectuadas ante la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 de la doctora Graciela Griffith de Barreto: secuestro extorsivo, privación ilegítima de la libertad calificada, incitación a la violencia colectiva, amenazas coactivas, asociación ilícita, lesiones graves y lesiones en riña, violación de los fueros parlamentarios, abuso de autoridad y omisión de auxilio de la fuerza pública por el retiro de los gendarmes que en el lugar debían garantizar la seguridad a todos los presentes.

“Son delitos no excarcelables y la persona, en este caso el intendente Carbajal, tiene antecedentes”, sentenció el legislador de Libres del Sur. Así aseguró que en virtud de las últimas reformas del Código Procesal, si la justicia actúa y confirma estos delitos “debería permanecer detenido”.

“Soltar la mano

a los violentos”

Pero al margen de la responsabilidad penal, Martínez hizo foco en las responsabilidades políticas. “El Ministerio de Gobierno estuvo ausente en los acontecimientos”, afirmó. Fue más allá y subrayó que “el gobernador le debe soltar la mano a los violentos”. Así, pidió “una condena” de parte del primer mandatario chaqueño, del que lamentó que hasta ayer no se comunicara con ninguno de los dos legisladores agredidos.

“Esto merece una condena de todo el arco político, social, económico y cultural de la provincia, si es que queremos convivir en democracia”, agregó el legislador, para advertir que si dos diputados y un científico de reconocida trayectoria fueron “agredidos, patoteados y golpeados”, “estamos en tierra de nadie”.

Tras relatar detalles del inicio de los incidentes y comparar la situación con la época de la dictadura, Martínez enfatizó que el centro del debate es el modelo productivo: “Hay intereses económicos muy fuertes y negociados. Hay una mafia de la soja y del agrotóxico, hay una cadena de complicidades”, sentenció para luego asegurar que hay políticos vinculados al negocio que “son cómplices también”.