Tras la sanción de la ley “Bonasso” de Protección de Glaciares, el senador Alfredo Martínez, quien acompañó con su voto esa norma, aseguró que lo que se aprobó “es una ley de protección de glaciares, no es una ley antiminera”.

Previamente, mucho fue lo que se dijo públicamente de las posibles afectaciones que para la provincia podría llegar a provocar esta ley que finalmente se sancionó. Para el senador radical esto no es así.

En ese sentido explicó en declaraciones al programa “De Regreso” por LU 12 Radio Río Gallegos, que “con la ley se dará protección a la zona glaciar y periglaciar” y a la hora de decidir su voto y exponer en ese sentido, “veíamos que, según la gente del IANIGLIA, (que es el Instituto que llevará a cabo el relevamiento), en la zona de Río Turbio, la zona periglaciar está por encima de los 700 metros y en Río Turbio lo más alto que tenemos que es Valdelén, donde hay intervención humana, está por debajo de esa cota. La mina también y ni hablar de la Usina, por lo que no hay ningún tipo de peligro”.

Avanzó luego sobre las represas sobre el río Santa Cruz. “Otro tema que analicé y mucho fue el de Cóndor Cliff y La Barrancosa, que es otro tema importante para la provincia, y eso está absolutamente descartado que esté en la zona glaciar o periglaciar, y por ende no existe ningún tipo de inconveniente con este emprendimiento”.

Martínez continuó señalando que “Me fui entonces a la Ruta 41. Cuando analizo lo que se sancionó en el Senado, la traza de la 41 podría estar pasando, no digo que lo haga, pero al estar tan metida en la cordillera, podría tocar alguna zona de estas características, y cuando uno se va a la ley del Senado original, estaba la prohibición taxativa en el artículo 6to para obras de arquitectura o infraestructura en la zona periglaciaria y en la ley que vino de Diputados tal prohibición no rige para la zona periglaciar, sino que lo hace para la zona glaciar, por lo que la Ruta 41 tampoco está en peligro” indicó.

A partir de todo esto, el legislador por Santa Cruz aseguró que “por eso es que, con todos estos emprendimientos asegurados y teniendo en cuenta que no hay un solo emprendimiento minero ni hidrocarburífero que esté en la zona protegida, es que yo tomé la decisión de acompañar esta ley” explicó.

Este ha sido un tema transversal, en el que en todos los bloques hubo votos diferentes, parte acompañaron un proyecto y parte el otro. “Cada uno votó de acuerdo a su criterio” dijo Freddy Martínez, al tiempo que acotó que no habría un veto a la norma. “La presidenta ya había adelantado que, cualquiera sea la norma que se aprobara en el Senado, no la vetaría y el propio senador Pichetto así lo confirmó luego de la sanción, que había hablado con ella y ratificó su posición de no vetarla”.

Judicialización

Martínez reconoció que desde San Juan, habría un par de senadores que estarían analizando la posibilidad de ir a la Justicia con esta ley, porque “les parecía que se conculcaban algunos derechos de la provincia con la sanción de esta ley, cosa que nosotros creemos que no, pero es un derecho que les asiste” indicó el senador radical.

Otro tema que podría llevar a la judicialización de la norma, es también la desaparición del artículo 17 del proyecto que venía de Diputados, respecto del que fue sancionado. En ese marco, Freddy Martínez en el texto finalmente sancionado, confirmó que eso ocurrió. “Ese artículo decía que ante la presunción que una actividad nueva pudiera estar ubicada en una zona protegida, la misma no se podría llevar adelante hasta que no se haga el inventario” y aclaró que “para nosotros nos parece un exceso, ya que además tenemos los artículos 7 y 15 donde allí se exige que cualquier tipo de emprendimiento, esté donde esté debe hacer un estudio de impacto ambiental y se incorpore un estudio de impacto ambiental estratégico, por lo que con la responsabilidad de las provincias, haber sacado el artículo 17 no traerá ningún inconveniente al medio ambiente”.

82% móvil

Por otra parte, el senador preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que el jueves, en reunión conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, emitió dictamen de mayoría para convertir en ley el proyecto que establece el 82 % móvil del salario mínimo para las jubilaciones. En caso de ser sancionado el proyecto, el salario mínimo de los jubilados pasaría de $1.046 a $1.509 en el mes de enero del año próximo.

El dictamen de mayoría, emitido por ambas comisiones, es la conclusión de un trabajo sostenido por los legisladores miembros de las comisiones como de las audiencias públicas realizadas en distintos puntos del país donde fueron escuchadas las inquietudes de los jubilados del interior.

El proyecto de ley, que cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados, sería tratado el próximo 13 de octubre. El mismo modifica la fórmula de movilidad: propone la actualización semestral a tono con la variación de los sueldos según el INDEC o el RIPTE, elaborado por la Secretaría de Seguridad Social. Y la actualización de los haberes que habían sido congelados en los períodos 1991-1995 y 2002-2006.