Según las autoridades del Colegio de Martilleros de Tucumán, la crisis económica y la crisis que atraviesa el Poder Judicial “van de la mano”. Así coincidieron el presidente de la institución, Francisco Díaz, y el secretario general, Alberto Illanes Faciano.

“La crisis económica afecta a toda la sociedad; la gente tiene problemas para pagar los créditos y eso redunda en la generación de nuevos juicios. A eso se suma el retardo que existe como consecuencia de la crisis judicial”, declaró Díaz. Añadió: “las jubilaciones fueron dadas masivamente a jueces y también a oficiales de justicia; lo que entorpece enormemente nuestro trabajo, porque realizamos todas las medidas acompañados por un oficial de justicia”. Illanes Faciano agregó que el retardo se siente desde mediados de 2008.

Díaz sostuvo que la institución que conduce está de acuerdo con que se encuentre una solución rápida al problema de las vacancias en el Poder Judicial, “pero no de la manera en que se intenta hacerlo”, aclaró. Por ello, manifestó el apoyo al Colegio de Abogados en sus objeciones contra la Ley 8.136, que permite designar jueces interinos sin que se evalúe su idoneidad. “Se exige el cumplimiento del concurso de antecedentes. ¿Cómo voy a creer como ciudadano que un juez puesto por el poder político va a fallar contra él”, consignó.

“Explosión de medidas”

“La crisis financiera no tiende a mejorar”, manifestó el titular del Colegio de Martilleros.

“Hay una explosión de ejecuciones prendarias, hipotecarias y de remates. Las casas de comercio son las mayores generadoras de ejecuciones. También se intensificó el secuestro de autos en el segundo semestre de 2008. Y en los últimos meses comenzaron a remitir mandamientos de secuestros de máquinas agrícolas”, añadió.

“Más allá de la emergencia judicial, se necesitan nuevos juzgados en Documentos, en Civil y Comercial e incluso en Cobros y Apremios”, finalizó Illanes Faciano.