Como es de público conocimiento, el Consejo de la Magistratura nacional ha sido bastardeado y pisoteado a voluntad del oficialismo con el único y mismo objetivo.

A diferencia de la situación nacional, nuestra fuerza política y el resto de la oposición no fueron mayoría en la Legislatura desde la fundación del organismo provincial. Pero, nobleza obliga, no existieron este tipo de manipulaciones espurias hasta la sanción de este proyecto.

¿Qué intenta el vicegobernador, Gabriel Mariotto, y los miembros de La Cámpora en la Justicia de la provincia de Buenos Aires?. Obviamente minimizar la presencia de la Suprema Corte en dicho organismo al eliminar de la presidencia al miembro del Tribunal Supremo en la Magistratura. Eliminar el 50 por ciento de la presencia del Colegio de Abogados de esta provincia, en clara violación al artículo 175 de la constitución de la provincia que expresa claramente que debe haber una integración equilibrada en el Consejo.

Introduce decisiones por simple y absoluta mayoría, modificando reglas históricas de alto consenso como los dos tercios de los presentes para las decisiones del pleno.

Ingreso de nuevos miembros de organismos, todavía inexistentes, dando por sentado la ocupación de los mismos.

Incorporación de supuestos puntajes y prevalencias debilitando a la escuela judicial, el mejor instrumento en desarrollo en la mayoría de las provincias argentinas, tanto para la capacitación como para la trasparencia en el mecanismo de selección.

Finalmente es de destacar que, al momento de abordar críticamente el despacho sancionado, fue imposible conseguir la copia fiel del original votado. Nadie sabe cuál es.

Nadie sabe si se mantiene el orden de mérito, tampoco si los miembros a designar deberán pasar por audiencia pública (procedimiento que estaba contemplado en el proyecto original) excluyendo a los legisladores de las mismas, etcétera.

En definitiva, un bochornoso proyecto que intenta un objetivo que anticipamos fracasado por varios motivos.

Primero: Dudamos que sobreviva en la inconstitucionalidad manifiesta que presenta. Si así fuera impediría, definitivamente, que nuevos y jóvenes cuadros puedan ingresar a la Magistratura.

Sin duda no debe ser eso lo que buscan. Nada más óptimo para los magistrados y empleados del poder judicial que prepararse y acumular antecedentes.

Cabe destacar que la mayoría de estos estudios y capacitaciones los prepara la propia Corte.

Segundo: ¿Es acertado preguntarse por qué menos abogados y no menos jueces?. ¿Qué hay detrás de este empecinamiento?.

En fin. Si en los próximos días conseguimos la sanción definitiva -vale decir el texto original efectivamente votado- tal vez podremos hacer un análisis más exhaustivo.

Algo que se hará en la Cámara de Diputados cuando ingrese a las respectivas comisiones la media sanción antes referida.

Seguramente no seguirá la misma suerte que en el Senado, por el tiempo del debate y por sus contenidos.