En este sentido, Mallagray añadió que la radicación de las denuncias, "además de ser obligatorio para ellos, es necesario para el funcionamiento del estado de derecho, no podemos permitir que la patota triunfe sobre la razón y que, más allá de la legitimidad o no de los reclamos, la vía de solución de los conflictos sea el apriete".

Mallagray explicó el contexto de situación señalando que anteayer "se tomó un Poder del Estado, trabajadores ocuparon los accesos y, por medio de la fuerza, impidieron que Camaristas, Jueces, Secretarios, Empleados del Poder Judicial, Justiciables y Abogados de la matricula pudieran salir, con lo cual se configuró una privación ilegitima de la libertad, además del ilícito de entorpecimiento del normal funcionamiento de un Poder del Estado".

En este sentido, Mallagray señaló que se radicó la denuncia penal "por privación ilegitima de la libertad, y por entorpecimiento del normal funcionamiento de un Poder del Estado".

En otro tramo de sus declaraciones, el Presidente del Colegio de Abogados indicó que en la jornada mencionada "fueron privados de su libertad más de 70 funcionarios del Poder Judicial, y ninguno radicó una denuncia, a pesar de que son funcionarios públicos; solamente radicaron la denuncia dos abogados de la matricula; en consecuencia, entendemos que era necesario dar una respuesta más fuerte desde el punto de vista institucional".

Mallagray añadió que el fiscal que entiende la causa "hizo imputaciones en contra de un secretario del gremio de trabajadores de La Esperanza, y las penas estipuladas van de los 5 a los 15 años, porque se habla del delito de entorpecimiento del funcionamiento del Estado".