Horas pasaron nada mas para que se comenzaran a estudiar finamente las pruebas expuestas en el decreto gubernamental que terminó con la cesantía de un abogado de fiscalía de estado, por irregularidades en los procesos de expropiación de los terrenos del dique Cuesta del Viento, Parque de Mayo y canal playa.

El fiscal de Estado de la provincia, Mario Díaz, dejo en claro que existen elementos como para que se investiguen a los tres jueces que intervinieron en los sucesivos procesos de expropiación.

“Estimo que podría caber una investigación a los jueces. Nosotros tenemos algunos elementos que surgen de los expedientes y si hay una decisión en ese sentido, tratar de clarificar esa situación y de acuerdo con ello sacar algún tipo de conclusión”, manifestó el funcionario.

Profundizando en las argumentaciones, Díaz, hizo referencia a los juzgados donde fueron tramitadas las expropiaciones y algunas de las irregularidades surgidas como resultado del sumario administrativo que se realizó a dos abogados de su repartición. Díaz aclaró que “nosotros entendemos que hay sentencias que han sido dictadas por jueces del primer juzgado civil, del cuarto y del quinto civil, donde hay situaciones criticas. Por ejemplo hay una causa donde no tuvo intervención, hecho totalmente inexcusable, el Tribunal de Tasaciones de la provincial. Ese es un detalle a tener en cuenta, ya que se a repetido en varias causas que analizó el sumario realizado y que esta muy bien explicado en el decreto del gobernador. Hay otras situaciones que se podrían endilgársele al abogado que intervino, pero concretamente no hacerlo participar al Tribunal de Tasaciones y el hecho de promediar cifras, indudablemente que eso a sido perjudicial para la provincia”, sentenció.

Tras estas declaraciones, queda mas que en claro que la posibilidad de iniciar un jury de enjuiciamiento no esta de ninguna manera descartado. Es mas ante la consulta, Mario Díaz fue tremendamente claro al manifestar que la presentación de un jury debe ser la consecuencia de una decisión política que se tome en su debido momento. Claro esta que la persona que tiene la última palabra en este sentido es el gobernador de la provincia, quién hasta el momento no se expidió sobre el tema. Cabe aclarar que el jury de enjuiciamiento, proceso por el cual puede ser removido un magistrado provincial, puede ser pedido por cualquier persona que entienda que el desempeño de los jueces no es el correcto y que es pasible de sanciones tales como la desvinculación del estado provincial, siendo removidos de sus cargos. En los próximo días el panorama político promete clarificarse, hacia un lado u otro.