El diputado provincial Mariano Fernández propuso modificaciones en el Consejo de la Magistratura y opinó de su propio proyecto que de concretarse se trataría de “un cambio de paradigma”.

Así lo planteó en la iniciativa que, a tono con lo que a nivel nacional se plantea como “democratización de la Justicia”, incluye participación de la oposición legislativa, aunque de manera alternada, en el órgano que tiene a su cargo la propuesta de funcionarios judiciales para que el gobernador determine postulaciones.

Fernández también sugiere modificaciones en el modo de otorgar los puntajes, restándole importancia a las entrevistas personales que en la actualidad se llevan una porción más influyente a la hora de la selección.

“Lo que pretendemos es que esto no sea una mera declamación de transparencia en la elección de los magistrados, sino que genere un reconocimiento y jerarquización del Poder Judicial en el sistema democrático provincial”, dijo Fernández.

El diputado justicialista sostiene que con su iniciativa persigue “generar en el ámbito de la Justicia Provincial, un cambio de paradigma en la elección de magistrados, bajo un criterio de transparencia, publicidad y mayor democratización”.

Modo de selección

Es así que propone que la presidencia del Consejo de la Magistratura sea ejercida anualmente, en forma rotativa, por cada uno de los miembros titulares representantes del Superior Tribunal de Justicia, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y representantes de los abogados de la matrícula.

En el mismo proyecto se prevé que el Poder Legislativo sea representado por un

diputado perteneciente al bloque partidario que tenga mayoría parlamentaria y un diputado perteneciente a la minoría con mayor representatividad en la Legislatura, quienes actuarán alternadamente en el Consejo de la Magistratura, cumpliendo cada uno un período de dos años.

Según Fernández “se permitirá así que la representación obtenida por mandato popular, y el control que debe ejercer la fuerza opositora en un Estado de Derecho, sea efectivamente ejercida en el modo de selección de magistrados mediante un mecanismo novedoso y participativo”, opinó.

Pero la iniciativa -destacó- va más allá y conlleva un criterio de evaluación de los magistrados con variantes más objetivas, para las distintas etapas de evaluación, proponiendo un incremento en diez puntos al porcentaje otorgado a la prueba de oposición (prueba escrita), disminuyendo onsecuentemente el porcentaje de la entrevista personal.

El diputado santarroseño dice que así “el criterio subjetivo dejaría de ser una determinante en el puntaje final”.

Esta serie de modificaciones a la Ley Orgánica del Colegio de la Magistratura se complementa con una puntuación precisa, “objetiva”, de conocimiento previo para todos, establecida en el Anexo a la ley, para la evaluación de los antecedentes de los aspirantes al cargo de magistrado.

Allí se incluyen los antecedentes profesionales: antigüedad en el cargo o en el ejercicio profesional, antecedentes académicos: estudios de posgrado, participación en jornadas, seminarios, actividad docente y distintos tipos de publicaciones, resaltando las que sean propias o afines al cargo que se concursa.

También se ha incluido la posibilidad de que el Consejo de la Magistratura haga el llamado, a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, de un profesor especialista en la materia del cargo a concursar, quien asesorará a los miembros del Consejo y podrá realizar preguntas en la prueba oral a los postulantes.