Es obvio que debe producirse un aumento de la cantidad global en materia de inversión en educación”, dijo la legisladora y dos veces ex ministra de Educación de San Juan con respecto al debate ya instalado sobre la finalización el 31 de diciembre, de la vigencia de la actual Ley de Financiamiento Educativo que prevé un gasto en la educación, del 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).

Para justificar su opinión, la especialista dijo que “convengamos que la Ley de Educación Nacional ha centralizado en el nivel inicial y el medio, la obligatoriedad de la asistencia de los niños y en el nivel inicial por ejemplo, se ha mejorado bastante con la política del Estado nacional que es la percepción de los chicos de un monto de dinero determinado” por la Asignación Universal por Hijo.

En cuanto al nivel medio, Ferrá dijo que “está establecido en la Ley Nacional de Educación con ocho modalidades diferentes, lo que implican montar laboratorios, por ejemplo, incorporar tecnología, implementación de infraestructuras especiales, mientras que en el sector de la educación técnica también hay modificaciones y en el sector artístico otro tanto, en cuanto a su metodología, lo didáctico y la forma de instrumentar esa enseñanza”.

Explicó que “todo esto significa en definitiva una necesaria inversión adicional que no estaba contemplada en la primera Ley de Financiamiento Educativo. De tal manera que resulta un tanto obvio que debe producirse un aumento de la cantidad global en materia de inversión en educación, que unos lo estipulan de una manera y otros de otra en función de sus propios cálculos”.

Tres proyectos

En ese sentido, la diputada reveló que “hasta este momento hay en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, dos proyectos, uno de ellos patrocinado por la UDA, en el que se propone un aumento de la inversión que pase de ser del 6 por ciento del PBI hasta el 8 por ciento del PBI. Y otro proyecto que solicita directamente una prórroga de la actual Ley de Financiamiento Educativo” y que “son dos líneas que se han abierto pero que aún no ha pasado a tratamiento de la Comisión de Diputados y están en manos de los asesores que van a dar un dictamen”.

A esas iniciativas, hay que sumarle la de la CTERA, que está haciendo una recolección de firmas entre sus afiliados e interesando a los concejos deliberantes y las cámaras de diputados provinciales, para llevar al 10 por ciento del PBI la inversión en educación.

La semana anterior, sobre esto la ministra de Educación Cristina Díaz, reveló que el tema está siendo debatido en el seno del Consejo Federal de Educación, y descartó una resolución que aumente considerablemente la inversión, al decir que “hay que ser prudente, porque la educación ha progresado mucho en los últimos años y hay otros sectores que también requieren financiamiento”.

Sobre este punto, Margarita Ferrá de Bartol consideró que “el gobierno nacional y en Diputados, habrá que tener en cuenta estos elementos, porque si no hay un mayor financiamiento a través de la ley, toda la modernización y mejoramiento que se pretende lograr con la Ley de Educación Nacional, puede quedar trunco por dificultades en su implementación, al punto que a esta altura, de hecho en algunos aspectos aun no se ha podido implementar totalmente”.

Con racionalidad

Por eso, la legisladora que aportó su opinión a favor de aumentar los recursos destinados a la educación, puso el freno en un término muy usado a la hora de hablar de gastos en San Juan: la racionalidad.

“Mi opinión es que debe producirse un aumento de la inversión”, y agregó que “para eso habrá que estudiar a fondo las necesidades y las posibilidades que tiene el Estado, para llegar a una legislación que permita, racionalmente acceder a eso”.

Aclaró que “habrá que actuar racionalmente en esto, como en todas las cosas, porque por ejemplo hay una idea de la oposición de subir las jubilaciones al 82 por ciento, que es algo que nadie discute en cuanto a su Justicia, pero hay que ver que todo depende de la existencia y la permanencia de los recursos suficientes en el Estado, que a veces lo tornan muy difícil de aplicar”.

Por eso, destacó también que “en este tema de educación habrá que mirar la forma de poder acceder a un aumento racional que se pueda cumplir, porque como alguien decía: “Mejor que decir es hacer” y no podemos correr el riesgo de que, si proclamamos algo y después no lo cumplimos, nuevamente producimos frustraciones en el cuerpo social, que es algo que no nos hacen bien para nada”.

Ley de Educación Superior

Finalmente y en orden al debate por el proyecto de Ley de Educación Superior, la legisladora reconoció que “hay algunos temas de la Ley de Educación Superior que está sin tratamiento y esto está haciendo que el avance no sea demasiado rápido, por cuanto se está en un compás de espera que tiene que ver con la problemática relación que se ha generado con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a todos los rectores de las universidades nacionales, por cuanto el año pasado se produjo la creación de 6 universidades en la zona del conurbano bonaerense, lo que trajo una suerte de controversia respecto de los fondos presupuestarios”.

Por eso cálculo que “el tratamiento de esto va a seguir siendo muy pautado y lento, hasta que se alcance algún tipo de acuerdo que permita colmar las expectativas de los rectores por un lado, en cuanto a solventar sus necesidades de sus casas de estudios, y disponer de los recursos necesarios para sostener a las nuevas universidades recientemente creadas, sin que nadie se vea perjudicado”.