Esa condena es, de acuerdo con el Código Penal vigente, la pena máxima que podría recibir. Por el contrario, el tiempo mínimo que podría estar entre las rejas es de 10 a 20 años.

El fiscal del caso, Carlos Ordás, presentó 14 testigos. “Se necesitan al menos unos cinco días de audiencias, por eso quizás no se pudo programar para este año”, se excusó ayer el funcionario judicial ante una consulta de El Diario por la demora del juicio oral y público. El caso fue denunciado por la víctima (sobre quien se decidió mantener el nombre en reserva) el 14 de junio de 2011.

Ordás no descartó la posibilidad de solicitar la prisión preventiva de Fernández. Y dijo que no lo hizo hasta ahora porque “los hechos pasaron hace tiempo”.

El caso -además- marcó un precedente sobre la competencia entre los jueces residuales y los jueces de audiencia. Tanto el TIP como el Superior Tribunal de Justicia les dieron la razón al fiscal y a la víctima, la joven que hoy tiene 23 años de edad. Los hechos denunciados ocurrieron entre sus 12 y 18 años.

“Con la actuación de los residuales la llegada del juicio se hubiera extendido mucho más, porque el procedimiento es otro. Incluso se tendrían que haber vuelto a hacer medidas probatorias que ya hizo la Fiscalía. Afortunadamente eso no ocurrió”, precisó el fiscal Ordás.

la defensa de Fernández está en manos del abogado local Marcos Paz. la joven no pudo constituirse como querellante particular porque el fiscal -según él mismo lo reconoció- no le avisó antes de que vencieran los plazos procesales.

- ¿Cuánto es la pena máxima que puede recibir Fernández? -le consultó El Diario al fiscal Ordás.

- 50 años... (repasa el Código Penal).

- ¿Y la mínima?

- Pueden ser 8 años... Pero él además está acusado de corrupción de menores, que prevé una pena de 10 a 20 años. Con lo cual en este caso estaríamos hablando de una pena mínima de 10 a 20 años... Eso siempre y cuando se pueda probar un solo caso de abuso sexual seguido de la corrupción de menores. Si puedo probar, como creo que puedo hacerlo, que hubo abusos sexuales reiterados la pena máxima pueden ser 50 años.

- ¿Por qué no se pidió la detención?

- No fue pedida en su momento porque fue un hecho viejo... y la detención no tenía que ver con la culpabilidad del hecho. Las detenciones se piden en caso de obstaculización de la Justicia o cuando, por ejemplo, hay peligro de fuga. En otros casos también cuando hay cierta presión hacia los testigos.

- ¿es posible que en algún momento se pueda llegar a pedir la detención?

- Sí, es posible...

- El hecho de que la condena que le espera puede llegar a ser de muchos años, ¿no es un argumento para pedir la detención? ¿No le hace pensar que pueda buscar fugarse?

- El Código en el artículo 252 prevé en una de las variantes para pedir la detención el tiempo de la condena... Pero en este caso, insisto, como los hechos pasaron hace tiempo y durante la instrucción no ocurrió nada, no considero que sea necesario. Lo que no quiere decir que no la pueda pedir (a la detención) en cualquier momento cuando las circunstancias lo ameriten de acuerdo a lo que marca la ley.

- ¿Por qué la víctima no pudo constituirse como querellante particular?

- Porque no se constituyó...

- ¿Pero usted no le informó, no la puso al tanto de que podía constituirse como querellante particular? ¿No le llamó la atención que ella no se constituyera como querellante?

- Nunca hablamos de eso porque en esta causa surgió como tema importante la cuestión de la competencia... Cuando ella me lo planteó ya se habían vencido los plazos. Nunca me lo dijo, sí tuvo siempre una muy buena predisposición de colaboración en lo que fueron las pruebas y todo lo demás.

- ¿Qué pasó con la competencia?

- Se planteó por parte de la defensa una cuestión de la competencia... Si el hecho tenía que ser juzgado por un juez residual o, como planteábamos nosotros, con un juez de audiencia. El tema se planteó porque los hechos denunciados ocurrieron antes del 1 de marzo, fecha de implementación del nuevo Código, pero la denuncia fue planteada en junio. Como nunca se había planteado esta discusión y la ley no lo preveía, la discusión de la competencia se planteó primero en el TIP y luego en el Superior Tribunal de Justicia, donde nos dieron la razón a nosotros. Confirmaron lo que luego se transformó en un precedente... Este fue el primer caso en la provincia donde se discutió sobre la competencia de los juzgados residuales y los jueces de audiencia.

- ¿Qué hubiese pasado si la competencia correspondía a un juzgado residual?

- Con la actuación de los residuales la llegada del juicio se hubiera extendido mucho más, porque el procedimiento es otro. Incluso se tendrían que haber vuelto a hacer medidas probatorias que ya hizo la Fiscalía. Afortunadamente eso no ocurrió.

- ¿Por qué se decidió que sea un tribunal unipersonal y no colegiado el que lleve las audiencias del juicio?

- Eso ya no es una facultad mía, es facultad del presidente de Audiencia (Eduardo Olmos). Se determinó así, salvo que el imputado considere lo contrario, él sí puede pedir que en vez de unipersonal sea juzgado por un tribunal colegiado.

- ¿Pero la gravedad del delito no amerita que sea un tribunal colegiado?

- Insisto, esa es una facultad que tiene el presidente de Audiencia...

- ¿Quién tiene la facultad para ponerle fecha concreta al juicio?

- la jefa de la Oficina Judicial (Eugenia Schivager), tampoco es algo sobre lo cual tenemos competencia los fiscales.

- la víctima tuvo que buscar asistencia y contención por sí sola. ¿No hay en la Justicia un programa de asistencia?

- Sí, está la Oficina de Atención a las Víctimas...

- ¿Y qué pasó en este caso?

- Lo que pasa es que acá (en Santa Rosa) todavía está en plena etapa de implementación. En Acha, por ejemplo, creo que ya está en funcionamiento. Acá se hicieron incluso los concursos correspondientes pero eso es algo que terminarán de definir entre el procurador general y el Superior Tribunal de Justicia.

Larrañaga pidió

informes a la Justicia

Luego de la publicación de El Diario, la Municipalidad de Santa Rosa -por decisión del intendente Luis Larrañaga- le dio intervención a la Dirección de Personal. Con el asesoramiento de Asuntos Jurídicos, desde la comuna pidieron “informes a la Justicia”, confió ayer una fuente oficial.

La denuncia a Marcos Eduardo Fernández por el abuso sexual de su propia hija fue presentada el 14 de junio de 2011. En esa fecha, Fernández había trazado una buena relación con el entonces intendente Francisco Torroba y se desempeñó con “cierto protagonismo” en Acción Social.

Este diario también pudo saber que antes de que trascendiera públicamente, el ex viceintendente y actual concejal Guillermo Di Liscia fue puesto al tanto de la denuncia. “Nunca hizo nada, pero al menos se acercó a la víctima para ofrecerle ayuda...”, dijo la misma fuente.

Fernández también se las rebuscó para encontrar un lugar en la gestión de Larrañaga. Si bien forma parte de la planta permanente como empleado 643, actualmente trabaja bajo las órdenes de Fabiana Ballejos en la Subdirección de Adultos Mayores.

¿Funcionario?

Desde la comuna santarroseña negaron ayer que Fernández tuviera un cargo en las segundas o terceras líneas de mando. Sin embargo, un artículo publicado por el diario La Arena el pasado 6 de noviembre lo señala como “coordinador municipal de los comedores Cumelén en Santa Rosa”. Fue en el marco de una polémica por el cierre del Cumelén de Villa Parque.

El texto de la nota dice lo siguiente: “El único funcionario presente a la hora del almuerzo fue Marcos Fernández, coordinador municipal de los comedores Cumelén en Santa Rosa, cuya responsable es la subdirectora de Adultos Mayores, Fabiana Ballejos. Aclaró que tomó la responsabilidad de mantener abierto el local y que no tenía novedades respecto a un posible traslado a otra sede, tal como explicaran otras funcionarias”.