"Hay una manifiesta intención del Ejecutivo de no colaborar con la justicia para esclarecer el tema"

Concejales de la Unión Cívica Radical y el Frente Amplio Progresista, acompañados por los representantes legales Pedro De Luca y Daniel Pérez Guedes, hablaron ayer de la denuncia penal que contra el intendente Inza y funcionarios presentaron en noviembre del año pasado por la licitación del cobro de tasas municipales. Según indicaron, en enero el Juzgado de Garantías libró órdenes de secuestro de los tres expedientes que se relacionan con la causa y sólo pudo secuestrar uno, el expediente madre, ya que los otros dos "no estaban". Se trata de las dos notas que el FAP había enviado al Intendente solicitándole informes sobre la licitación y luego pidiendo se anule la misma, y que demostrarían que el jefe comunal "estaba en conocimiento de las irregularidades". Por esto entendieron que el Ejecutivo no tiene intención de colaborar con la justicia.

EL DATO:

Cabe recordar que frente a esta situación hay tres vías que pueden seguirse para determinar responsabilidades: la administrativa, la política y la penal.

La administrativa la debe determinar el Tribunal de Cuentas y los concejales hicieron la presentación oportunamente. La política, la aborda el Concejo Deliberante y la instancia fue la interpelación de noviembre del año pasado. En lo que respecta a la vía penal, es la que presentaron ante la justicia los bloques del FAP y la UCR.

Ayer al mediodía concejales de la Unión Cívica Radical y el Frente Amplio Progresista, junto a los abogados patrocinantes Pedro De Luca y Daniel Pérez Guedes, brindaron una conferencia de prensa para informar sobre la denuncia penal que en noviembre del año pasado formularon contra el intendente José Inza por lo que luego fue la fallida licitación para el cobro del 100 por ciento de las tasas municipales vencidas.

Por parte de los ediles, quienes llevaron la voz cantante fueron Juan Sáenz y Claudio Molina, que estuvieron junto a las concejales Maya Vena y Andrea Marina.

Durante el contacto con la prensa, hicieron hincapié en los dos expedientes que el Departamento Ejecutivo no aportó a la Justicia y que cuando se ordenó un allanamiento en enero pasado, tampoco aparecieron.

En ese sentido, apuntaron que desde la comuna no quieren colaborar con la justicia para que se esclarezca el caso y aseguraron que desde ambos bloques seguirán insistiendo para que la justicia avance en la investigación, ya que hasta ahora se ha dado todo con cierta lentitud.

Cabe recordar que la causa recayó en la UFI N° 6 a cargo de Luis Surget, mientras que Carlos Andía es el juez de Garantías interviniente. La denuncia es por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; estafa a la administración pública, cohecho, y tráfico de influencias.

Expedientes que no aparecen

El primero en hablar fue el concejal Sáenz, quien señaló que la intención de la conferencia era poner al tanto a la comunidad sobre la situación en relación a la causa que se inició con la denuncia ante la fiscalía por la posible comisión de delitos en el proceso licitatorio para la tercerización del cobro de deudas tributarias.

Recordó que la denuncia se radicó en noviembre del año pasado y que posteriormente, en diciembre, algunos de los denunciantes fueron llamados por la fiscalía para ratificar la denuncia.

Asimismo, indicó que luego de la feria judicial de enero tomaron conocimiento que el Juzgado de Garantías libró órdenes de secuestro de los tres expedientes que tienen que ver con la causa.

"El secuestro se realizó en forma parcial porque dos de los expedientes no se encontraron cuando se vinieron a secuestrar, que tienen que ver con el pedido de informes que había iniciado el FAP dirigido al Intendente y con el pedido de anular la licitación que se había llevado a cabo", explicó.

En este mes, luego de transcurrido el secuestro de uno solo de los expedientes -el que tiene que ver con todo el proceso licitatorio-, se realizó un nuevo escrito ante la fiscalía que tiene que ver sobre todo con las pruebas.

El concejal advirtió que "hemos tomado la decisión de mantener una conducta activa y presente en relación a esta causa. Por más que no salgamos en los medios semanalmente informando qué es lo que ocurre con la causa, nos estamos interiorizando permanentemente".

Sostuvo que esa es una decisión que tomaron en conjunto los dos bloques, por dos motivos principales: por un lado, la lentitud de la justicia. "Manteniendo una conducta activa y presente en relación a esto, creemos que tal vez podamos lograr mayor celeridad", dijo.

Por otro lado, marcó que "entendemos que una pronta resolución y que la ciudadanía pueda tomar conocimiento de la situación lo antes posible, actúa en beneficio de la ciudadanía que tiene que saber si hubo la comisión de algún delito o no, y si algún funcionario estuvo implicado".

Sáenz subrayó que si la justicia finalmente determina que no hubo comisión del delito "es conveniente que el gobierno municipal quede salvado de esta situación".

Pruebas pedidas

Por su parte, el concejal Molina hizo referencia a las pruebas que están solicitando. Una de ellas es el acta de la sesión de la interpelación al Intendente; la declaración del periodista Martín Gastañaga "porque en un escrito manifestó que tomó contacto con el subsecretario Legal y Técnica (Emanuel Barrionuevo) quien le dijo que había un dictamen respecto que el expediente debía pasar por el Concejo Deliberante y que ese dictamen se habría cambiado por otro. Pedimos que la justicia lo cite para ratificar lo expresado oportunamente".

También como pruebas piden que la justicia solicite copia del video de la interpelación a CableVisión y copia a Diario El Tiempo de dos declaraciones que hizo el Intendente en el marco de la causa.

Respecto de los dos expedientes faltantes, que también obran como prueba, marcó que "cuando se hizo el secuestro por parte de la justicia, no fue aportado por el Departamento Ejecutivo. Son dos expedientes muy importantes que hacen a la causa, con lo cual entendemos que hay una manifiesta intención del Departamento Ejecutivo de no querer colaborar con la justicia para esclarecer este tema".

Consultado por qué fueron aportados por el Ejecutivo, fue el concejal Sáenz quien informó que "en el momento que se vinieron a secuestrar, no estaban".

Por esto Molina consignó que están solicitando un nuevo allanamiento para obtener esa información.

"Estas son las pruebas que estamos solicitando para poder avanzar en el esclarecimiento del caso, que esperemos se haga justicia, que se determinen y se deslinden responsabilidades", dijo y añadió también que "esperemos que la justicia convoque al licenciado Requelme que es uno de los principales partícipes en esta situación".

A su vez, marcó que "queremos saber también la responsabilidad que tuvo el intendente municipal, toda vez que intervino en tres instancias muy importantes del expediente, y nosotros le habíamos advertido de esta situación".

Responsabilidades

El abogado De Luca explicó, por su parte, que los concejales, como funcionarios públicos que son, se encuadraron para hacer la denuncia en el artículo 287 del Código de Procedimiento Penal, que dice que tienen la obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio.

"Nosotros podemos afirmar, desde el punto de vista objetivo, que se ha conformado el ilícito", marcó e informó que el delito se compone de dos planos: el objetivo y el objetivo y que se necesita dolo para que haya responsabilidad penal.

"Entonces, lo que la fiscalía deberá probar, a través de la prueba, que hubo dolo en esto. La faz objetiva está probada porque hubo incumplimiento de legislación provincial, como es la Ley Orgánica de las Municipalidades. En este sentido, ante la aparición de este delito objetivo, la obligación de los concejales era poner en conocimiento a la fiscalía para que investigue este posible delito", consignó.

En otro tramo explicó que el proceso de investigación se va alimentando de las pruebas que se van colectando y que por esto "presentamos un proveimiento de pruebas porque veíamos que no se había avanzado en ese sentido. Ofrecimos, en principio, cuatro pruebas que nos parecen fundamentales y creo que con eso se abastece bastante para que la fiscalía determine si existe posibilidad de un procesamiento de los posibles responsables".

Sobre las responsabilidades, el abogado dijo que "la responsabilidad máxima es del intendente" y que después se debe determinar qué accionar le cupo a cada uno de los funcionarios que intervinieron en el cuestionado proceso licitatorio.

"Por lo que hemos podido visualizar -apuntó- el funcionario que más actividad desarrolló en esto es un ex funcionario" (por Néstor Requelme) y se lamentó por último de que haya dejado su cargo como lo hizo, sin dar explicaciones y sin someterse a la justicia previamente.

Concejales de la UCR y el FAP, junto a los abogados Pedro De Luca y Daniel Pérez Guedes, informaron ayer en conferencia de prensa sobre la denuncia penal contra el intendente José Inza, relacionada con la fallida licitación para el cobro de tasas municipales vencidas. NACHO CORREA

"El secuestro se realizó en forma parcial porque dos de los expedientes no se encontraron cuando se vinieron a secuestrar", explicaron ayer los concejales. NACHO CORREA

LA PÉRDIDA DE EXPEDIENTES, UNA "NEGLIGENCIA IMPORTANTE"

En otro tramo de la conferencia, el abogado Daniel Pérez Guedes advirtió que los dos expedientes que no aparecen -que son las notas donde el FAP advierte al propio Intendente las irregularidades del proceso licitatorio-, son "sumamente" importantes "porque hubo declaraciones del señor Intendente diciendo que desconocía las notas. En una primera instancia, para seguir avanzando, resulta imprescindible contar con esos expedientes de modo de prueba de que el señor Intendente estaba en conocimiento de estas irregularidades".

Asimismo, explicó que en parte el atraso por parte de la justicia en la recolección de las pruebas que están solicitando se debió a que el instructor tuvo un problema de salud "y la causa estuvo un poco parada".

Fue Pedro De Luca quien indicó, a propósito de los dos expedientes faltantes, que "la gravedad institucional que significa que se pierdan los expedientes en el municipio, es de por sí de una magnitud muy importante".

No obstante, advirtió que "igualmente tenemos pruebas en el expediente principal, porque hemos acompañado originales de las presentaciones por Mesa de Entradas, con lo cual la prueba se produciría de la misma manera".

Agregó que por esto "a los efectos de la prueba en la causa, no es fundamental la aparición de esos expedientes. Lo que sí, que se pierdan dos expedientes nos está poniendo de manifiesto una negligencia bastante importante".