Desde Barcelona

La segunda legislatura de Mariano Rajoy está dando sus primeros pasos tras 12 meses de inmovilidad y los sindicatos quieren cambiarle cuanto antes el rumbo. Ayer en Madrid cerca de 30 mil personas salieron a la calle para exigirle al Partido Popular (PP) que frene la política de recortes sociales de sus últimos cuatro años de mandato y que se abra, de aquí en más, a un diálogo real con la izquierda.

El acto de ayer –culminación de las sesenta protestas que durante los dos días previos se llevaron a cabo en numerosas ciudades españolas– es la primera gran manifestación a la que se enfrenta Rajoy luego de ser reconfirmado como jefe del Ejecutivo y, según declararon los sindicatos, no va a ser –ni mucho menos– la última. Los líderes de las organizaciones Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de los Trabajadores  (UGT), Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, respectivamente, afirmaron en su intervención al final de la marcha que seguirá habiendo movilizaciones “el tiempo que sea necesario para recuperar los derechos perdidos” y le recordaron al gobierno que “todo dependerá de su capacidad de negociar y acordar”. 

La falta de diálogo de Mariano Rajoy, en la que el secretario general de UGT hizo hincapié, fue uno de los motores que impulsaron la convocatoria de las manifestaciones en un tiempo record, apenas unos minutos después de finalizada la reunión que sindicatos, patronal y gobierno mantuvieron para recuperar el diálogo social y en la cual el presidente vetó la negociación sobre la reforma laboral de su anterior mandato. La derogación de la norma que desde 2012 favorece en España la facilidad del despido, el recorte de la negociación colectiva, los contratos temorales y los bajos salario es el primer objetivo que se plantean los sindicatos y los partidos de la oposición. De hecho, la semana pasada se logró una amplia mayoría en el Congreso para pedir su derogación y mañana el proceso continuará con el debate de la proposición de ley del Partido Socialista (PSOE) para pedir una nueva regulación de los trabajadores subcontratados que garantice su igualdad de derechos con los empleados contratados por la empresa principal, para acabar con un “núcleo de la precariedad”, según explicó Antonio Hernando, portavoz del PSOE en el Congreso.

Los socialistas dicen haber iniciado una estrategia para “atacar por partes” la reforma laboral de Rajoy en una línea de trabajo que pretende ser permanente y que, a partir de la aprobación del pasado martes de la proposición que insta a derogar los puntos más negativos de la ley de 2012, se termine modificando la norma del PP en lo que respecta a negociación colectiva y contratación parcial, así como implantando un apartado de garantía juvenil o políticas activas de empleo. 

Para ello el PSOE confía en contar con apoyos parlamentarios suficientes y los sindicatos aprovecharon la marcha de ayer para dirigirse a las izquierdas y pedirles, en esta nueva etapa de la democracia, sin la mayoría absoluta de los conservadores, que busquen por sobre las diferencias acuerdos para fortalecer su negativa a los recortes sociales del PP. “Había una oportunidad para formar un gobierno que cambiara el signo de la política, pero no fue posible. Lo que sí hay es una mayoría que tiene que ser sensible y que puede determinar mayorías parlamentarias”, expresó ayer en el acto de Madrid el líder de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo. 

El jefe sindical pudo darles este mensaje a sus interlocutores directamente a la cara  porque a la marcha acudieron el portavoz de la gestora que desde la renuncia de Pedro Sánchez se hace cargo del PSOE, Mario Jiménez, y los número uno de Podemos, Pablo Iglesias, y de Izquierda Unida, Alberto Garzón. “Defender los derechos sociales de los trabajadores es defender las bases sociales de la democracia, así como denunciar que quienes recortan, ponen en peligro las pensiones o son incapaces de solucionar el problema del paro y la precariedad están poniendo en cuestión las bases sociales de la democracia”, dijo Pablo Iglesias a los medios justo antes de sumarse a la movilización. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, les agradeció su presencia pero no dejó de insistir que ese acompañamiento “debe darse también en las Cortes con propuestas para cambiar las leyes”. 

El camino que, a partir de ahora, desde la presión sostenida en las calles y en el Parlamento se busca desandar es el de las restricciones de los derechos básicos como pensiones, libertad de expresión o seguridad laboral y el aumento de la brecha social promovido por las políticas de ajuste del PP durante los últimos cinco años. Para abordar este de-safío los sindicatos creen que éste es un momento clave, ya que se encuentra sobre la mesa la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el 2017 y es ahí donde pueden buscar aliados en el Congreso para anular o cambiar las medidas de recortes que se tomaron en la anterior legislatura y modificar las prioridades de gasto para el próximo año. 

Uno de los puntos que más preocupan a los trabajadores es el de las pensiones, que después de asisitir al uso reiterado del Fondo de Reserva por parte del gobierno para hacer frente a su pago y asumir que el año que viene posiblemente de este fondo ya no quede nada, el temor es cada vez mayor entre la población. La primera propuesta sindical para evitar la quiebra del sistema de pensiones español es, por un lado, una nueva reforma fiscal para aportar los fondos necesarios y, por otro, recuperar la jubilación anticipada y la jubilación parcial a los 60 años con contrato de relevo que permita aportar nuevos cotizantes sin aumentar el gasto. 

La reactivación del mercado laboral sería la cuarta pata sobre la que, según los sindicatos, una verdadera recuperación económica podría sostenerse. “He visto mucha preocupación por la demografía en nuestro país. ¿Alguien cree que un hombre o una mujer joven van a poder tener un hijo sin tener opción de acceder a una vivienda, a un empleo digno, con salarios de 400 o 500 euros? Si no se soluciona eso, no se solucionarán las pensiones”, afirmó Pepe Álvarez, líder de UGT. La salida de la crisis de la que se enorgullece el gobierno de Rajoy a partir de los datos de crecimiento de empleo registrados en los ultimos meses no incluye otras cifras que también componen la fotografía del país. Aunque este año se creó medio millón de puestos de trabajo, la temporalidad alcanza al 26 por ciento de los trabajadores. El 60 por ciento de los contratos firmados en los 11 primeros meses del año son temporales y uno de cada cuatro dura menos de siete días.