La mayor repercusión se produjo en el campo político y en el sector vinculado a los empresarios de la noche, que incluso llegaron a tener una audiencia con el jefe de Gabinete de la Provincia, Armando Berruezo. Desde Casa de Gobierno hubo un guiño para discutir el tema, aunque analizando cuestiones que hacen a la seguridad y que van más allá del tope horario.

En Diputados existen tres iniciativas que abordan la temática. Una de ellas responde a la legisladora opositora, por ahora sin pertenencia a ningún bloque, Carolina Moisés, mientras que las otras dos fueron elaboradas por los oficialistas Manuel Soler y Eduardo Alderete.

En la audiencia concedida a los propietarios de boliches, Berruezo dejó en claro que el Poder Ejecutivo, más allá de los tres proyectos impulsados en la Legislatura, está de acuerdo con abrir una discusión en torno al tema, pero abordando otros aspectos que van más allá del horario y que implican cuestiones sensibles como la seguridad o el transporte público en horarios avanzados de la madrugada.

“Obviamente este debate se tiene que dar en el seno de la Legislatura, desde el Poder Ejecutivo, vamos a apoyar esta discusión. Creemos que el cambio que persiguen los empresarios en el horario de cierre es posible, pero no todo pasa por este punto, sino por otras cuestiones que son más complejas y que hacen a la seguridad integral”, manifestó Berruezo.

En ese orden, remarcó que el Ejecutivo apoyará estas iniciativas en la medida que analicen no sólo el cambio de horario, sino otros aspectos relacionados al transporte, a la venta de bebidas alcohólicas y a la instalación de cámaras dentro y fuera de los locales bailables.

Una de las propuestas legislativas perteneciente al diputado Soler determina que los locales bailables, confiterías bailables, discotecas, salones de bailes, clubes y demás locales donde se realicen actividades similares, tanto en lugares cerrados como al aire libre, abrirían sus puertas para la admisión a la 1 y finalizarían sus actividades a las 6.

También los establecimientos en cuestión deberían en 90 días de promulgada la ley -siempre en el caso de que la misma prospere- contar con cámaras de seguridad, cuyo registro deberá ser preservado por 180 días ante la posibilidad de ser requerido por las autoridades competentes.