renuncia del procurador general de la Suprema Corte, Rodolfo González, generó las primeras repercusiones y entusiasmos en la oposición. Sin querer dejar “la posibilidad servida” al gobernador, Cornejo, de designar al ocupante de un puesto clave, ayer el peronismo desempolvó un viejo proyecto para que el jefe de los fiscales sea elegido por el voto popular y su mandato tenga una duración de cinco años. 

A su vez, se crearía la figura de “Defensor General de la Provincia”, para diferenciarla del procurador general.

Esto implicaría una enmienda de la Constitución provincial, plan ambicioso que el principal bloque opositor no está seguro de abordar pero que, reconoce, sirve como el puntapié inicial para que la oposición se meta en un debate del que no se quiere quedar afuera. En este sentido, aseguraron que la “elección directa del procurador” no será el proyecto definitivo con el que marcarán la cancha a Cornejo.

“Hicimos un pedido de preferencia para la elección popular o directa del procurador, pero en realidad lo tomamos como una herramienta para  trabajar en el tema y, en el tiempo, presentar un proyecto más viable”, reconocieron en el Senado y apuntaron que la encargada de idear este plan será María José Ubaldini. 

El procurador, a las urnas

Tal como está regulado hasta hoy a través de la Constitución, quien llega a este lugar lo hace a partir de la designación del gobernador de turno, con acuerdo del Senado, pero se queda hasta que desee jubilarse. Ésta fue la decisión que tomó, el viernes, González y que se conoció el lunes.

Es decir, quien tiene en sus manos decidir la política judicial trasciende las diferentes gestiones ejecutivas. 

Sin querer dejar pasar la oportunidad, ayer, un día después de la renuncia de González, el bloque del Senado del Frente para la Victoria (FpV) pidió que se dé preferencia  a un proyecto que duerme desde 2014 en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y que fue parte de una ofensiva del gobierno de Pérez contra González, para restarle poder.

La encargada de presentarlo en aquel momento fue la entonces senadora y hoy diputada Claudia Segovia quien, en ese momento, pertenecía al oficialismo y tampoco tuvo el acompañamiento completo del justicialismo.

“La propuesta es democratizar la elección de la Suprema Corte: que el procurador general sea elegido popularmente, ya que es responsable ante la sociedad. Hoy no se están dando respuestas; son cargos inamovibles y es muy difícil el mecanismo de destitución por el Jury de Enjuiciamiento” (N. de R.: la Constitución de Mendoza somete al procurador general a Juicio Político), presentó su proyecto Segovia y dijo que debería durar cinco años para que no coincida con la elección del gobernador.

Un segundo aspecto del proyecto tiene que ver con un punto cuestionable que tiene la actual legislación provincial: el procurador concentra en su figura la jefatura de los fiscales y de los defensores que tiene el Estado provincial.

Para esto, el proyecto que redactó Segovia propone crear la figura del Defensor General de la Provincia. “Actualmente el mismo procurador acusa y defiende a los imputados (sic). En cambio, en la Nación está diferenciado el Procurador y un jefe de los Defensores” comparó. 

Sobre esta separación de funciones también quiere trabajar el Ejecutivo. De hecho, aseguran que Cornejo piensa modificar la actual procuración, dejando un área específica para fiscales y otra para defensores oficiales.

El también peronista Jorge Tanús aportó otro dato a esta idea de desdoblar la Procuración: “Ahora se podrá cumplir con la ley 8008 (sancionada en 2008) que establece la creación, por debajo del procurador, de un fiscal general que ejerce la jefatura  de los fiscales y el secretario general de la Defensa, que es el jefe de los defensores oficiales”.

El cambio que reflotó el FpV implica reformar un artículo de la Constitución provincial, el 150, trámite por demás complejo si se tiene en cuenta que necesita del voto de 2/3 de ambas Cámaras y que dicha propuesta luego se someta a un referéndum en las próximas elecciones legislativas, en 2017.

Mientras tanto, Segovia encontró una vuelta jurídica. “Hay mecanismos para que alguien subrogue el cargo y así cubrir la vacante hasta 2017. En este sentido hay antecedentes. En la provincia tuvimos el fiscal de Estado subrogante y en la Corte también sucedió lo mismo”, sugirió la diputada y sintetizó: “Lo único que es necesario es que haya voluntad política”.

Justamente, en este punto está el proyecto para la elección popular del procurador. En una primera instancia, la propuesta no genera muchos adeptos dentro del mismo justicialismo, que lo frenó en su momento cuando era gobierno. 

Según reconocen, la intención de reflotar la discusión ahora tiene que ver con la oportunidad de meterse en el tema y no dejar así que Cornejo avance sin mayores dificultades a la hora de decidir quién será el próximo procurador.

Montero pide más mujeres en roles clave

La vicegobernadora, Laura Montero, se refirió a la “oportunidad histórica” que tendrá el oficialismo de designar un lugar clave en la estructura judicial y en este sentido dejó algunas apreciaciones sobre el rol que deberá tener el próximo jefe de los fiscales.

“La Suprema Corte de Justicia perdió el cupo femenino que tuvo alguna vez, pero no es oportuno fijar posición en el caso del Ministerio Público Fiscal”, señaló Montero sin querer digitar un perfil, aunque valoró que “el tema de la representación de la mujer en los lugares de decisión es imprescindible abordarlo en el ámbito judicial”. 

“Hay una oportunidad institucional que no debe ser desaprovechada. Hay una doble tarea y responsabilidad, por parte del Gobernador y del Senado provincial en esta designación”, dijo Montero sobre el proceso de designación del próximo procurador general.