Mara Suste logró ayer el aval mayoritario para que la Legislatura vote su designación como la primera mujer al frente de un juzgado de instrucción en esta ciudad.

Su pliego se tratará en la sesión de este jueves. En la entrevista que mantuvo con los diputados, criticó el “poco compromiso” en aplicar el nuevo Código Procesal Penal y elogió el mecanismo de selección del Consejo de la Magistratura, a la vez que defendió la creación de un sistema penitenciario independiente.

La candidata, hija del ex diputado oficialista Mirco Suste, obtuvo uno de los puntajes más altos en la etapa técnica del concurso y logró un amplio respaldo en la entrevista con los legisladores de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por José Russo (MPN). Se recibió de abogada hace 13 años en la Universidad del Salvador y actualmente se desempeña como secretaria de cámara.

Ante la consulta de los diputados, opinó que “tiene que haber un poco más de compromiso” en la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la provincia y se quejó por la escasa información de los integrantes del Poder Judicial sobre los cambios que se aplicarán a partir del año que viene. “El organigrama es lo que genera más incertidumbre, porque nadie sabe a dónde va a ir y es muy poco el tiempo que nos queda”, indicó.

También se pronunció a favor de que se creen juzgados de ejecución penal, para que el juez a cargo de controlar una condena no sea el mismo que aplicó la pena. Añadió que se necesita un servicio penitenciario provincial independiente de la Policía y criticó el estado de las cárceles. Subrayó que “la unidad de detención como depósito de personas no le sirve a nadie” y relató que, en una inspección al Penal 12 de esta ciudad, encontró a los internos hacinados “como en un panal de abejas”.

Sobre el Consejo de la Magistratura, planteó que “es el mejor sistema de selección”, aunque se pueda perfeccionar. A modo de ejemplo, mencionó que “estaría bueno que fuera un poco más abierto”, tal como ocurre en Chubut, donde tienen representantes del voto popular, de los magistrados y del gremio judicial.

Afirmó que acuerda con la evaluación periódica de los jueces y que considera al sistema penal como “la última ratio” en la resolución de un conflicto. Sobre el derecho al aborto, defendió la doctrina vigente respecto de los casos no punibles pero aclaró que “estoy en contra en lo personal”.