Hoy fracasó la sesión que estaba convocada para modificar la ley que fija la fecha del 5 de junio para la votación de Comunas. Sin embargo, desde el Ejecutivo porteño estudian una opción que permitiría desplazar el calendario, e incluso evitaría posibles impugnaciones en la Justicia.
Pero el tema es complejo. En octubre de 2009, y en virtud de un expediente judicial, los diputados de la Ciudad fijaron una fecha, el 5 de junio de 2011, como día inamovible para la elección de Jefes Comunales.
Cambiar esa fecha, ahora, no es tan simple. Existe un dictamen de comisión, firmado por el PRO y por representantes del kirchnerismo y el sabatellismo que le otorga al Poder Ejecutivo la potestad de llamar a la elección de Comunas junto a las elecciones a Jefe de Gobierno y legisladores porteños.
Pero ese mismo dictamen hoy no se pudo tratar porque no se reunieron los 40 votos que se requerían para ponerlo sobre tablas. Recién podrá ponerse en consideración –y es muy factible que resulte aprobado porque sólo precisa de mayoría simple- la semana que viene, en una sesión fijada para el 10 de marzo.
El asunto es que el lunes 7 de marzo vencen los plazos para realizar cambios en el cronograma electoral, porque se cumplen los 90 días previos que exige la ley. Ante este escenario, desde sectores de la oposición ayer se comenzó a considerar seriamente la opción de presentar reclamos ante la Justicia, que luego lleven al Tribunal Superior a hacer cumplir la ley y celebrar elecciones el 5 de junio.
En el Ejecutivo porteño, sin embargo, están tranquilos. En primer lugar, porque consideran que la promulgación de ley que se votó en octubre de 2009 es para el caso, el decreto reglamentario de convocatoria a elecciones que el Jefe de Gobierno está obligado a firmar. Por ende, no estaría incumpliendo ninguna “obligación legal” al no decretar el llamado a elecciones.
En segundo lugar, estiman que los feriados de carnaval de lunes 7 y martes 8 les resultan “perfectos” para estirar los plazos; y de este modo, sólo quedaría un día: el miércoles 9, para que los Comuneros expresen su disconformidad ante la Justicia porteña.
En síntesis, un artilugio legal y un feriado más que oportuno pueden ser los factores perfectos para que los dirigentes del PRO resuelva esta situación, que puertas adentro reconocen como “mucho más grave”, de lo que suelen enunciar públicamente.
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