La gobernadora Fabiana Ríos expresó su “preocupación y rechazo” por la decisión de un grupo de legisladores de ratificar en la presidencia de la Comisión de Familia y Minoridad al legislador de Movimiento Obrero, Luis del Valle Velázquez, a quien la Justicia investiga por el presunto homicidio de un bebé, y quien ya cuenta con un procesamiento confirmado por “homicidio preterintencional.

La Mandataria envió una nota a la vicepresidenta II a cargo de la Legislatura provincial, Ana Lía Collavino. para llegar a los parlamentarios que pusieron a Velázquez al frente de la Comisión 5.

“Es de público conocimiento que el Legislador se encuentra involucrado en una causa penal en la que se investiga la muerte de un bebé y por la que se encuentra procesado”, les señaló la Gobernadora.

En esa línea, Ríos, calificó de “imprudente” la decisión de otorgar a Velázquez “la mayor representatividad” en la Comisión “que tiene entre sus competencias el análisis de temas relacionados con los derechos de la infancia, y los problemas sociales vinculados con violencia a la niñez”.

La Jefa de Estado, que fue legisladora provincial en el período 1999-2003, aclaró a los parlamentarios que su pronunciamiento no pone en crisis el principio de inocencia y les pidió que meritúen “sobre todas las cosas, la responsabilidad pública que supone la representación popular y a través de la misma garantizar a la ciudadanía el máximo compromiso”.

Ríos recalcó la “plena vigencia” de la división de poderes como “principio básico de toda sociedad democrática” y la “independencia de cada legislador sobre las decisiones que le son propias”, pero aclaró que ello “no me exime de la responsabilidad de expresar mi opinión, en nombre propio y del Ejecutivo Provincial, en relación a un asunto público de tal magnitud” ya que “guardar silencio sería una forma de convalidar una decisión que juzgo reprochable en términos de representación pública”.

En similares términos, y en notas de sus respectivas carteras, se expresaron el Ministro de Desarrollo Social, Sergio Álvarez y la Secretaria de Derechos Humanos, Andrea Cervantes, mientras contradictoriamente los parlamentarios oficiales sostienen a Velázquez en el cargo.