Han llegado a nuestra redacción denuncias sobre una mecánica ideada para captar clientes por parte de empresas dedicadas, esencialmente, a la colocación de sistemas de alarmas y de seguridad, rayana con una actividad cuasi delictual. Lo más grave de esto es que la iniciativa contaría con el beneplácito de sectores políticos o, al menos, con su anuencia virtual habida cuenta su accionar.

En efecto: personas desconocidas proceden a realizar algún acto de vandalismo menor, por ejemplo romper vidrios en el frente de una propiedad, golpear sus puertas fuertemente (valiéndose de personas en aparente estado de alcoholismo), arrojar piedras sobre el mismo o sobre los techos desde alguna propiedad vecina, etcétera.

A las pocas horas, los habitantes de la propiedad reciben la llamada (casual) de una firma dedicada, precisamente, a la colocación de alarmas o sistemas informáticos para prevenir estos inconvenientes y traer tranquilidad a sus ocupantes, los que se ven mediáticamente asediados por las constantes noticias vinculadas a hechos de inseguridad. La empresa en cuestión sería propiedad de un ex concejal platense.

En la región hemos podido detectar -sin una comprobación fehaciente, puesto que resulta prácticamente imposible asociar ambas conductas- al menos una firma que resultaría, en principio, sospechosa de esta modalidad de captación de clientes, la cual si bien estaría formalmente en regla para actuar comercialmente ni siquiera se encuentra asociada a la cámara que agrupa al sector.

Estas empresas de alarmas y sistemas de seguridad se encuentran comprendidas en el rubro denominado “agencias de seguridad”, las que, lejanamente, encuentran su origen en personal retirado de las fuerzas de seguridad, aunque en forma más contemporánea, se trata de empresas de mayor envergadura, algunas multinacionales.

Tras realizar un seguimiento del accionar del sector, nos encontramos con algunas sorpresas, esencialmente en el caso de estas firmas “borderline”, que han recibido “favores” de sectores políticos, en especial de aquellos alejados al oficialismo.

Desde el bloque de diputados del Frente para la Victoria se ha presentado -hace ya más de dos años- un proyecto de ley tendiente a regularizar o poner en regla a las numerosas empresas que componen este sector. Este proyecto fue largamente analizado por todos los ámbitos políticos de la Cámara de Diputados y hasta, informalmente, por la de Senadores, hasta llegar a un proyecto de ley consensuado por los diversos sectores.

Así las cosas, a fines del año pasado (casi contemporáneamente con el recambio legislativo) este proyecto fue incorporado en el orden del día para ser tratado “sobre tablas” y proceder a su aprobación.

Inexplicablemente, en ese entonces el proyecto de ley fue motivo de observaciones y hasta de operaciones mediáticas y políticas tendientes a lograr la paralización de su tratamiento y hasta la necesidad de  elaborar uno nuevo por parte del poder ejecutivo provincial.

Si bien es cierto que el conflicto suscitado en la policía bonaerense entorpeció su tratamiento, lo cierto es que el “tándem” compuesto por el ex diputado radical Ricardo Jano y la ex denarvaeísta hoy massista, Mónica López (que conforman la segunda minoría parlamentaria e integran el Frente Renovador massista) comenzaron a boicotear el proyecto privilegiando -entre otras cosas- el tratamiento del pliego del fiscal de estado, designación de directores del Banco Provincia, entre otros.

Los medios de difusión, una vez más, no fueron ajenos en la búsqueda de la paralización del análisis y eventual sanción de esta norma que, a la luz de lo dicho, resulta sumamente necesaria -e imprescindible- para acompañar el conjunto de medidas que componen las dedicadas a la “emergencia de seguridad”.

Así, en noviembre de 2013 La Nación se ocupó de este tema difundiendo el pensamiento paralizante del diputado radical, hoy masso-peronista de la primera sección electoral, Ricardo Jano.

Obviamente, al poder ejecutivo provincial le cabe la responsabilidad primera en lo concerniente a la seguridad ciudadana, pero no debemos olvidarnos que estando la organización estatal regulada por un sistema republicano de gobierno existen tres pilares fundamentales, estos son el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, siendo los tres responsables en cada una de sus competencias, atribuciones y obligaciones.

Queda claro, a tenor de lo dicho, que tanto desde el poder ejecutivo como desde un sector del legislativo se intentó sancionar una ley tendiente a regularizar el accionar de este sector vinculado a la seguridad “privada”.

Por el contrario, un grupo no vinculado al oficialismo puso puesto trabas al progreso de su tratamiento, echando mano incluso a medios de difusión.

Así las cosas, el sector de seguridad privada, carece -al momento- de un instrumento moderno y eficiente tendiente a agilizar no sólo su control formal sino los métodos de todo su accionar, ya sean formas de reclutamiento y capacitación de su personal, antecedentes profesionales de todos los que laboran en las mismas, fiscalización de higiene y seguridad del trabajo, cargas sociales e impositivas, erradicación de la competencia desleal, etcétera.

En consonancia con ello, la ciudadanía carece de un sistema rápido y eficaz que la proteja de este accionar cuasi delictual en forma sencilla y segura, y que remedie esta real  desprotección estatal.

A lo dicho hasta aquí debe sumarse el espíritu derogatorio de leyes y reglamentaciones que se anuncia desde sectores opositores a la actual administración.

Como conclusión: desde grupos que no componen las esferas del ejecutivo, traban la tramitación de leyes, anuncian la derogación de las constitucionalmente sancionadas, foguean a los ciudadanos utilizando cuantos medios tienen a su alcance, se despegan de sus propias responsabilidades gubernativas y luego le achacan al administrador falta de gestión.

Es dable esperar un poco más de responsabilidad de los dirigentes y legisladores que componen todo el arco político; y, a la ciudadanía, mayor perspicacia al momento de analizar las noticias que, a diario y en forma constante e impune, la desinforma.