Así como el bloque activo de bancarios impulsó y creó una instancia nueva a nivel local, en el gremio de los camioneros la controversia entre los nuevos actores agrupados en torno a Lorenzo Alderete y el clan Moyano y asociados está sacando a la luz historias hasta hoy un tanto incomprensibles para esta comunidad. A su paso por los medios metropolitanos y buscando despegar del asesinato de Mariano Ferreyra, Moyano se quejó de la crítica que recibe por sus acciones: “actuamos para impedir la tercerización”, sostuvo. Lo que no parece ser del todo cierto: en el ámbito del transporte existen -como es el caso del Expreso Diagonal-tercerizaciones de servicios y empleo en negro conocido y tolerado por la organización gremial.

Un caso paradigmático es el de la firma de remolques Edgardo Vázquez. Según relato del camionero Daniel Barragán, al reclamar en esa empresa por la designación de delegados gremiales y cuestiones propias de la tarea, él otros compañeros fueron echados con la anuencia del propio Héctor Martínez, bajo la justificación de que esa compañía pertenece al ministro Toma. Hay problemas de concordancia entre el discurso moyanístico y las actuaciones.

Poco visible.

El ingeniero Julio Sanguinetti, ex candidato del PJ local a la Intendencia, repetía hace años que el mejor sitio para esconder un elefante era en medio de una manada de elefantes. Precisamente así de desapercibida entre publicaciones de diverso tono, estilo y distinto grado de impacto social, pasó la decisión del juez federal Robert Dube, del estado de Florida (EE.UU), quien negó la extradición del teniente de Corbeta Roberto Bravo, a quien se le atribuyen responsabilidades criminales en los hechos conocidos como “la matanza de Trelew”.

El juez Dube no eludió para nada el contexto político actual y su raigambre con el pasado. Señaló en su decisorios que con base en lo descripto en las audiencias, su tribunal considera que el Gobierno argentino no ha cumplido con su obligación de establecer los hechos que justifiquen la extradición; que las declaraciones aportadas por Berger, Haidar y Camps (sobrevivientes de Trelew) no son creíbles y que las pruebas de la defensa han borrado toda “causa probable”, razones por las cuales el trámite de extradición es denegado. Un caso notable silenciado por los medios en el contexto del avanzado estado de “tinellización” de la comunicación social argentina.

Sigue el desquicio en la construcción.

En Plaza Mitre ya no saben de qué modo quejarse por la obra en demolición de la avenida Colón entre La Rioja e Hipólito Yrigoyen. Hace unos días y en horario matinal, no sé sabe bien si la operación con pala mecánica o un operario rompió un caño de gas, y casi vuela todo. Al rato arribó una camioneta de Camuzzi, y solucionó el problema. Pero la cosa no quedó ahí.

No conformes con el desaguisado, en la obra comenzaron a serruchar una planta de la vereda que les molestaba, por lo que un vecino muy enojado les reclamó el permiso municipal para el planticidio, que por supuesto no tenían, así que pararon la masacre vegetal. Esa misma tarde, dejaron sin luz a toda la manzana porque hicieron un cortocircuito sobre una fase, así que en los edificios no funcionaron las electrobombas ni los ascensores, todo por la ausencia del profesional que tendría que estar a cargo e investigar por dónde deben pasar las instalaciones peligrosas. El cartel de obra brilla por su ausencia, además.

Irónicamente, enfrente de este despropósito, por la avenida, en una obra de COARSA puede leerse el cartel municipal que anuncia un 0800 para denunciar irregularidades constructivas que cualquier persona común y silvestre pueda detectar. Claro que hace falta que alguien atienda el teléfono en cuestión, que alguien confeccione un expediente y que se actúe de manera consecuente.