Si por esas cosas el ciudadano curioso e inquieto intenta conocer un poco más a fondo las funciones de algunas comisiones dentro de la Magistratura porteña, no es aconsejable que busque en la web del Consejo las atribuciones de la Comisión de Administración y Financiera: el link no funciona. Tampoco tiene gran sentido llamar por teléfono a la comisión. Es probable que atienda Fabián Hugo Durán, el secretario de la comisión, y responda –como le contestó a LPO, luego de un balbuceo indeciso por un par de preguntas que lo incomodaron-: “Yo no voy a darte información oficial, obviamente, porque no soy tu empleado”.

Lo que desde Administración de la Magistratura acusan de “falso” –pero se niegan a dar datos certeros-, es lo que encumbradas fuentes judiciales le confiaron a LPO: “En la Magistratura de la Ciudad, la Comisión de Administración ya está hablando de comprar una partida de casi 100 blackberrys para ellos”.

La comisión de Administración y Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones de la Magistratura porteña, está presidida por Santiago Otamendi e integrada por los consejeros Eugenio Cozzi y María Teresa del Rosario Moya. Tal como supo este medio, Cozzi se habría opuesto al planteo, mientras que Otamendi y Moya habrían sido los que celebraron la iniciativa de ampliar un contrato de 2008, que rige para el Ministerio Público (en buena parte, para los fiscales).

La reunión en la que se trató el tema fue a principios de semana, el martes 18 por la mañana. Allí, los tres consejeros iniciaron la charla tendiente a mejorar su “capacidad de comunicarse, porque las blackberrys hacen al servicio de la Justicia”, fue el argumento de aquellos a favor de la telefonía celular de alta gama.

Si todavía no resolvieron la compra, no fue por dudas en la necesidad de los miembros del Consejo, sino por una complicación ajena a su voluntad: en existencia había una cantidad que no era la deseada y aún discuten “a quiénes” se le debería dar y desde qué rango. Tal como indicaron las fuentes, dicha ampliación del contrato implicaría un desembolso de casi 250 mil pesos para beneficiar a casi un centenar de magistrados y funcionarios.

Durán, el secretario de la Comisión, luego de negar la información de este medio, confesó que “el tema se habló, pero no ese número. No sé cuántas son, eso es lo que se está discutiendo, y hay menos de 94 en stock. Para saber lo que hablan los consejeros, hay que hablar con ellos”.

Luego, el secretario de la Magistratura afirmó: “Yo soy secretario de la comisión para los consejeros, no para un medio de publicidad ni para un medio periodístico, así que conseguí vos el teléfono de ellos y preguntales. Tal vez lo tenga la fuente que te dio todos esos datos erróneos”.

“¿Qué datos son erróneos?”, consultó este medio, a lo que Durán respondió que “todos”. A la vez, LPO preguntó por las órdenes del día de la comisión, a lo que la amabilidad del secretario respondió: “No te lo voy a decir, buscalo vos en la página web”. Una desilusión que esos datos no figuren en el sitio.