“Los Riojanos asistimos a uno de los momentos más importantes que ocurre muy pocas veces en la historia institucional de la provincia”, inició diciendo el magistrado.

En ese marco, indicó que “el momento por el que atraviesa hoy nuestra Función Judicial provincial es equiparable a aquel que aconteció en el año 1983 con el advenimiento de la democracia. En aquella oportunidad, la totalidad de los magistrados que habían formado parte de la justicia provincial fueron puestos en comisión. Puesta en comisión ésta, que precedió al recambio de jueces en toda nuestra provincia”.

“En esta oportunidad, la mayoría de aquellos magistrados (jueces de la democracia), se retiran de la Función Judicial, luego de más de 30 años de ejercicio de la magistratura y se acogen al beneficio jubilatorio. Más de 20 jueces de toda la provincia han dado inicio a sus trámites jubilatorios, algunos ya renunciaron y su renuncia les fue aceptada por la Cámara de Diputados en días pasados, otros esperan que la A.N.Se.S. les comunique que el beneficio les ha sido otorgado para así poder renunciar”, sostuvo Brizuela.

El magistrado continuó subrayando que “este hecho es de significativa importancia para nuestra provincia, pues tras la renuncia de estos magistrados, se torna necesario designar los que los reemplazarán, produciéndose así en nuestra provincia un recambio de más del 66% en nuestros Jueces, y quienes resulten seleccionados y designados, serán los jueces de la provincia los próximos 20 o 30 años, serán ellos los encargados de dirimir nuestros conflictos de aquí en adelante”.

“En virtud de ello, considero importante hacer algunas reflexiones a fin de que quienes sean designados magistrados sean los mejores jueces con que puede contar nuestra querida provincia”, agregó.

“De allí la importancia de la cuestión y la trascendencia de las funciones de los órganos que participan en el proceso de selección de los magistrados que deben actuar con extremada prudencia, sin apuros y ser plenamente conscientes de las consecuencias de tan importante misión, la de dotar a la provincia de Jueces probos, honestos y capaces, así como también responsables de su actuar”, apuntó.

“Por ello consideré importante realizar en voz alta algunas reflexiones con el fin de colaborar en tan importante tarea, seleccionar a nuestros magistrados”, expuso el magistrado.

Explicó que “Para seleccionar a un postulante a magistrado hay que atender no sólo a sus conocimientos técnicos, sino además y principalmente a su calidad humana, sus virtudes y defectos. Virtudes que todos analizamos a la hora de elegir a nuestros amigos, colaboradores, etc”.

“En el caso de un postulante a magistrado la lupa debe posarse con más atención en razón de las responsabilidades que el postulante, de ser seleccionado, tendrá en su rol de juez”, aclaró.

“Así, se debe mirar también si la persona que se postula para el cargo es humilde, sencillo, bondadoso, piadoso, caritativo, trabajador, tenaz, serio y determinado, prudente, autocontrolado, honesto, comprometido con el tiempo que le toca vivir, con compromiso social, solidario, amable, con sentido de la autoridad, capaz, inteligente, y que a la capacidad intelectual que posee, la ponga al servicio de los demás y, en especial, averiguar si la utiliza para la labor que desarrolla a diario y desarrollará a fin de obtener el mejor resultado posible en su hacer, bien informado. También deberá conocerse sus intenciones (con relación al ejercicio del rol de que se trate) para determinar si éstas son buenas”, indicó asimismo.

En ese aspecto, comentó que hay que “Indagar sobre los antecedentes de los postulantes debería tener por fin poder examinar la actuación de los mismos en donde les ha tocado desempeñarse, pues a los hombres se nos conoce más que por lo que decimos por lo que hacemos o hicimos. Así podremos averiguar si hemos obrado con justicia, con equidad, con hombría de bien, o lo hemos hecho con afán trepador, complaciente o hemos sido autoritarios, sometiendo a quienes colaboraban con nosotros por intereses mezquinos o meras especulaciones o ambiciones personales”.

“También deberá indagarse que opinan sobre diversas cuestiones que atañen a la vida, al cuidado del ambiente, a la salud, a los valores democráticos; qué opinión les merecen las instituciones; cómo creen que podrían ellos colaborar para que éstas funcionen mejor; etc”.

“Detectar las virtudes y defectos que los postulantes ostentan nos ayudará a seleccionar mejor a nuestros futuros magistrados. Por ello la selección no debe ser sólo técnica o de conocimiento científico en la materia que en cada caso se trate. Debe atender principalmente a las condiciones morales de los postulantes, a fin de quienes resulten elegidos sean de una probada capacidad y honestidad, tengan sentido común y hombría de bien”, apuntó.

Esta proposición de examinar las calidades éticas de los postulantes no es una mera expresión de deseos quimérica y subjetiva, sino que está legislado y exigido por instrumentos normativos de nivel internacional, nacional y provincial del más alto nivel. Cito por caso, la Convención Interamericana contra la corrupción, aprobada por nuestro Congreso Nacional mediante Ley Nº 24.759 de 1997; o la cláusula ética del artículo 36 de la Constitución Nacional, la cual condujo a la sanción de la Ley Nacional Nº 25.188 de ética en la función pública. En nuestra provincia de La Rioja existe un artículo de la Constitución Provincial, el 135º, que textualmente dispone: “Los jueces y miembros de los Ministerios Públicos deberán desempeñarse observando una conducta ejemplar en todas sus actividades, tanto oficiales como privadas, de tal forma que ese comportamiento mantenga y promueva la confianza pública. Esta norma comprende la obligación de actuar respetando los principios y pautas éticas.” Consecuentemente la Legislatura provincial sancionó la ley 7931/05 de ética en la función pública para nuestra provincia.

“Que los citados instrumentos legales se ocupen del tema ético significa que las condiciones morales de los postulantes no han de quedar libradas a un asunto subjetivo, individual, privado, sino que, por el contrario, el obrar ético abarca también el ámbito objetivo, social y público”, advirtió.

“La comunidad toda debe participar en este proceso de selección, mediante el ejercicio de ciudadanía en cada caso concreto. Así, debe conocer con antelación los nombres de los postulantes, a fin de que puedan informar a los órganos respectivos que intervienen en la selección si, por ejemplo, son buenos vecinos, son buenas personas, o si tienen algún defecto o vicio por ellos conocidos que pueda opacar su postulación. Además, la comunidad a través de un proceso participativo, podrá poner en conocimiento de los órganos respectivos sí los postulantes se han desempeñado en otros lugares, cómo lo hicieron, si su actuación fue decorosa o no, si su trabajo fue positivo, etc”, dijo.

Al respecto, entendió que para “participar, debemos hacerlo con madurez, de modo tal que cada apreciación esté acompañada de una forma de acreditación posible, absteniéndose de hacerlo con el sólo fin de descalificar infundadamente o agraviar”.

“Pero, para que esto sea posible, es menester que los órganos que intervienen en el proceso de selección de los mismos reglamenten de modo claro y transparente el proceso de selección, los parámetros valorativos a tener en cuenta, los mecanismos de participación ciudadana, etc. Esta es una enorme responsabilidad que inexorablemente debe ser desarrollada de modo previo a que el concurso de postulantes se materialice. De no hacerse, habremos privado a la sociedad de poder contar con un mecanismo idóneo que posibilite seleccionar del mejor modo posible a nuestros postulantes”.

“Es necesario que todos conozcamos las normas por las que se rige el Consejo de la Magistratura, en especial aquellas dictadas por el propio organismo. Y para conocerlas deben hacerlas públicas y accesibles a todos”, indicó.

“Si todos nos comprometemos, si todos participamos y ponemos lo mejor de nosotros, seguramente podremos contar algún día con los mejores hombres y mujeres para desempeñarse no sólo como magistrados sino también en cualquier cargo público”, expuso finalmente el juez.