El documento firmado por María Caballero de Aguiar, directora del Instituto de Estudios Judiciales de la FAM, hace hincapié en que para garantizar “la independencia e idoneidad de la prestación del servicio de justicia” resulta necesario un “irrestricto respeto a la garantía de compensaciones dignas y acordes a la función que cumplen los magistrados argentinos”; para lo cual “deben fijarse aquellos mecanismos de compensación que corrijan las asimetrías con el fin de asegurar igual servicio de justicia para todos los habitantes de la Nación”.

En otro pasaje, la FAM rechaza las diferentes escalas salariales para cada provincia y valoriza el trabajo que desempeñan los sistemas judiciales del interior del país, quienes “con un presupuesto comparativamente inferior, atienden la mayoría de la litigiosidad argentina”. A lo que añade “sus jueces tienen la misma capacitación y se encargan de asuntos de similar importancia, por lo que no se justifica de modo alguno que se los retribuya con compensaciones inferiores, lo cual implica una grave inequidad”.

Por tal motivo la Federación considera urgente y exhorta a todas las provincias a que dicten los instrumentos adecuados que permitan ir acortando la brecha “existente entre las compensaciones de los jueces de muchas provincias con las de la justicia nacional”.

Además consideran “fundamental para el logro de la política salarial” que se establezca un mecanismo que permita la automaticidad de los futuros incrementos, creemos que es fundamental para el logro de la política salarial que propugnamos. Esto permitirá que los aumentos salariales que disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ejecuten en las provincias “en idénticas condiciones de vigencia, naturaleza y porcentaje y de manera instantánea, sin necesidad del dictado de la norma local pertinente, en cada oportunidad que ello aconteciere”.

El documento finaliza resaltando “la necesidad de que se respete el principio constitucional de igual retribución por igual tarea, bregando por la equiparación de las retribuciones de los magistrados y funcionarios provinciales con las de los jueces nacionales.”