La maniobra investigada en Tribunales consiste en el presunto cobro de reintegros del Estado por parte de la obra social bancaria por tratamientos complejos que no se habrían brindado.

De acuerdo con Lorenzo, por el método de confección de la pericia escopométrica realizada por especialistas de la Policía Federal, los supuestos delitos “no son atribuibles” a él ni a ninguna otra droguería.

La firma de Lorenzo, San Javier, intervino en al menos cuatro de los 200 expedientes que se le exhibieron.

Lorenzo esgrimió además las dificultades para probar los delitos que lo tienen preso hace un año y medio en base a que el número de lote de cada medicamento y su fecha de vencimiento no figuran en los troqueles analizados sino en otra parte de las cajas de cada una de esas medicinas.

“No hay facturas falsas”, expresó además Lorenzo sobre otro de los cargos que pesan en su contra. Cuando fue detenido, a Lorenzo se le secuestraron en su casa fotocopias de cheques de aportes a la campaña presidencial de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por un monto cercano al millón de pesos. En ese sentido, pidió una pericia contable.

Según Lorenzo, la pericia que se le exhibió y que lo hizo pasar casi cinco horas en los tribunales de Comodoro Py, está “incorrectamente definida”, dijeron fuentes judiciales. Además, la defensa de Lorenzo reiteró la solicitud de que la pericia sobre los expedientes APE sea realizada por un especialista “sanitarista”, un médico que se dedique a estas cuestiones.