El gobierno español de Mariano Rajoy no ha variado en nada su dura postura contra la celebración de la consulta independentista del pueblo catalán fijada para el 9 de noviembre. Pese a la multitudinaria marcha a favor del Sí en la concentración realizada el jueves por cientos de miles de catalanes en Barcelona, el Ejecutivo español reiteró que impedirá a como dé lugar la celebración de la consulta.

“El gobierno está sujeto a la Constitución y las leyes. En este momento y en el futuro, en España y en Cataluña”, manifestó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. “Los gobernantes estamos obligados a cumplir la ley”.

La situación se ha agravado de modo tal que no sólo el gobierno está dispuesto a impugnar ante el Tribunal Constitucional la ley de consultas que el Parlamento catalán va a aprobar el día 19 como aval de la convocatoria del referéndum del 9 de noviembre. También la justicia prepara una serie de procedimientos que incluirían acusaciones hasta de sedición contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. Los magistrados hablan de condenas de al menos 15 años de cárcel efectiva. Una noticia cuyo efecto en el ánimo de los catalanes es previsible incrementando el furor y la demanda independentista.

El procedimiento lo analiza la asociación de jueces Francisco de Vitoria, que considera que el mandatario catalán podría cometer los delitos de prevaricación, desobediencia y el antedicho de sedición si lleva adelante la consulta del 9 de noviembre.

El representante de ese colectivo de magistrados, Marcelino Sexmero, sostuvo que, en caso de llevarse a cabo una consulta no autorizada, en primer lugar cometerían prevaricación por “dictar una resolución o mantener una resolución convocando un referéndum cuando es ilegal”. En segundo lugar “podría darse una desobediencia grave al gobierno de la nación”, sostuvo en declaraciones que consigna el diario El Mundo.

Según Sexmero, las condenas para estos delitos pueden oscilar entre la “mera inhabilitación” o la pena de cárcel. Pero las cosas se ponen mucho más complicadas si entra a jugar la acusación de sedición. En caso de que Mas llamara al referéndum aunque fuera prohibido expresamente por el Constitucional, Rajoy podría proceder contra él y acusarlo de ese delito que, en su versión más grave, puede castigarse con hasta 15 años de cárcel si el autor fuera una autoridad, explicó.

El gobierno español considera inconstitucional el referéndum independentista que impulsa en Cataluña el jefe del Ejecutivo regional. La marcha del jueves concitó la presencia en las calles de Barcelona de más de 1,8 millones de personas, según los cálculos de la guardia urbana.

Las palabras de Sáenz de Santamaría en rueda de prensa en La Moncloa llegaron después de que Mas asegurara horas antes que su plan sigue adelante, ratificando que no habrá cambios. “Votaremos seguro; otra cosa serán las condiciones, que no dependen de nosotros”, dijo en Barcelona.