El domingo a la madrugada, mientras unas 100 familias llegaban al predio de Parque Avellaneda, otro grupo de personas intentaba intrusar viviendas en Lacarra y Cruz que estaban a punto de ser entregadas a sus dueños, adelantaron fuentes del Gobierno porteño a Clarín.com. Se trata de un complejo que pertenece al Instituto de la Vivienda (IVC). La toma no se concretó porque había personal de la Policía Metropolitana. En el otro terreno, que permanece tomado, había personal de seguridad privada y un adicional de la Policía federal que paga la Ciudad. "Es muy llamativo que todo haya sido a la misma hora, acá hubo una organización previa", denunciaron en la Policía Metropolitana.

Las mismas fuentes dijeron que el Gobierno nacional, a través de la ministra de Seguridad Nilda Garré, busca demorar el desalojo de las 204 viviendas sociales de Parque Avellanada. "Nosotros nos presentamos a las 8 de la mañana y levantamos un acta porque la federal todavía no tiene la orden de actuar", explicaron. El fallo del juez federal Luis Armella pide que el desalojo se realice con la Policía Metropolitana y fuerzas federales. Por eso se especula que podría actuar un grupo especial de la Prefectura o de la Gendarmería, como en el Indoamericano.

Cerca de Garré aseguraron a Clarín.com que ya se hizo una presentación en el juzgado federal de Quilmes "solicitando que tenga consideración para prorrogar el desalojo" con el fin de lanzar "puentes de diálogo para intentar llegar a un arreglo". "En el lugar hay mujeres y niños", resaltaron las fuentes.

Las viviendas usurpadas están destinadas a los habitantes de "El Pueblito", un pequeño asentamiento ubicado sobre las márgenes del Riachuelo, como parte del plan de reubicación de villas y asentamientos con riesgo ambiental que impulsó la Corte Suprema en 2006 y que compromete a la Ciudad, la Nación y la Provincia de Buenos Aires a través de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).