Luego de los incidentes que se registraron en Open Door cuando la Policía desalojó violentamente a vecinos que ocupan un predio del barrio Luchetti, el colectivo exhortó a debatir sobre la seguridad y denunció el accionar de “patotas municipales”. También destacó la incidencia del déficit habitacional que sufre el distrito.
Por otro parte, el grupo denunció que "el mismo gobierno municipal, a través de la Dirección de Control Urbano, es parte de este accionar violento, que ha armado una patota que se dedica a desalojar familias humildes mediante la violencia, dejando libre el terreno para el negocio inmobiliario y ofreciendo su "servicio" con total impunidad", en tanto opinó que "la responsabilidad de las autoridades debiera ser la de generar propuestas para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Lujan, y no "aplicar mafia" a favor de los negocios de pocos".
El déficit habitacional es señalado como un tema central al indicar que "debe ser claro para todos que nuestra ciudad está en estado de emergencia habitacional, que es más probable ganar la lotería que comprar un terreno con un salario de trabajador medio, ni hablar si sufre la desgracia de no tenerlo".
"Esta situación", subrayan "donde contrastan los grandes y lujosos emprendimientos privados con el abandono de los barrios populares; donde hay mas viviendas desocupadas que familias que las necesitan; donde el aumento del precio de los alquileres le lleva kilómetros de ventaja al sueldo de los trabajadores, no puede ser resuelta con violencia cuando la desesperación o la necesidad lleva a tomar medidas extremas a familias sin un techo donde habitar".
"Hace falta creatividad, decisión política y compromiso social para revertir la situación estructural de falta de política publica habitacional. Hace falta tener la convicción de que el negocio de pocos no puede privar el derecho de la gran mayoría. Más allá de la dudosa presencia de estas cualidades en la actual gestión, debemos decir que no se puede proyectar una ciudad que no contemple el derecho de una gran parte de sus integrantes a vivir dignamente.
No vamos a permitir que la prepotencia policial avasalle los derechos de los vecinos de nuestra ciudad", concluyeron, al tiempo que reclamaron por el desprocesamiento de los ocho vecinos involucrados.
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