Casi cinco años después de aprobado por la Legislatura, el fideicomiso formado con el dinero que el Gobierno reconoció a favor de EDECAT en concepto de deuda de organismos públicos y municipios, se encuentra casi totalmente ejecutado. Esto implica que las obras que debían financiarse con los más de 33 millones de pesos de ese fondo tardaron tres años más en concretarse con respecto al plazo original previsto y, por ende, en impactar en el servicio.

Según informaron desde la empresa, ya se culminaron subestaciones, alimentadores y reacondicionamiento de redes, entre otros trabajos, lo que habría ayudado a contener adecuadamente la alta demanda energética de los últimos días, cuyo pico el viernes llegó a los 130-137 megavatios.

El llamado "fedeicomiso energético" fue el resultado de una renegociación contractual encarada entre la Provincia y la privatizada hace más de lustro. En ese marco, el gobernador Eduardo Brizuela del Moral, quien transitaba su primera gestión, decidió que el Estado absorbiera las facturas impagas de los municipios -en algunos casos de una década antes-, junto a la deuda de organismos provinciales. Ese dinero debía integrar un fideicomiso con el fin exclusivo de financiar obras para mejorar la prestación.

A pesar de la urgencia que había en la inversión eléctrica, el Gobierno demoró más de seis meses en constituir el fondo, tras la aprobación legislativa, en noviembre de 2006. Según justificó entonces el ministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Acuña, hubo "problemas burocráticos" en la entidad bancaria. Recién en agosto de 2007 la Provincia realizó el primer depósito de diez millones de pesos, aunque la mitad sirvió como adelanto para que EDECAT pagara a Cammesa, su proveedora mayorista de luz. No fue la única vez que se le dio un destino irregular a fondos que en teoría eran sólo para obras. Apenas iniciado el período de intervención estatal en la empresa, a finales de 2008, los directores estatales recibieron otro aporte de 5 millones de pesos del fiduciario para saldar compromisos con Cammesa. Los fondos se fueron restituyendo luego a través de obras.

Más allá de este uso no contemplado, la inversión del fondo fue caótica. En principio, hubo cuestionamientos al plan de obras que la administración privada estaba realizando. A mediados de 2009, los funcionarios de Obras Públicas reconocieron ante la Comisión Bicameral de las privatizaciones, que apenas se habían ejecutado el 30% de las obras del plan. Éste se reformuló luego, pero las obras tardaron en concretarse.