RP.- ¿Podría explicar de qué se trata el conflicto con la empresa Cablevisión?

Nosotros hemos presentado un proyecto junto al senador Oliva y al senador López Muntaner que respalda al proyecto diseñado por la defensoría del Pueblo de la provincia, organismo que ha iniciado acciones judiciales a fines de noviembre en el juzgado General de La Plata, a cargo del doctor Ziulu, para que la empresa Cablevisión se adecúe a lo establecido por la secretaría de Comercio Interior del ministerio de Economía de la Nación, que establece el monto al cual Cablevisión debe adecuarse, que es de 130 pesos.

Cablevisión no ha cumplido con esta demanda judicial. Cablevisión es una empresa que regula un servicio masivo de televisión por cable -porque son un millón de usuarios en la provincia de Buenos Aires- y es lamentable que no responda a lo que establece la secretaría de Comercio a través de un acto administrativo. Nosotros nos vemos obligados, desde el Senado de la provincia, a dar este respaldo con el apoyo también del vicegobernador Gabriel Mariotto. Creemos que acá hay un estado que ha dejado de echarse a un lado para dar paso a otro estado, que por la masividad a la cual llega esta empresa no puede permitir que las tarifas estén reguladas por las leyes del mercado.

Estuvimos la semana pasada con el defensor del Pueblo, el doctor Bonicatto, quien nos ha puesto en tema respecto a las novedades del juicio. Él ha pedido que se le establezcan multas a esta empresa, multas diarias de mil pesos hasta que cumplan con lo que exige la secretaría de Comercio, y nos ha dejado una copia de la carta documento de la empresa que es por fuera del litigio en sí y que sostiene que la empresa está siendo perseguida políticamente por el defensor del Pueblo.

RP.- ¿El único fundamento de la empresa es que hay una persecución política?

Lamentablemente un sector de la empresa -y digo sector porque nosotros tenemos un accionista importante, internacional, que está queriendo apegarse a lo establecido por la ley de Medios, pero el grupo mayoritario que está manejando Cablevisión es el grupo Clarín- parece querer continuar conduciendo la empresa como lo hacía en otra época en donde el estado no regulaba este tipo de servicios.

Hoy se ven las problemáticas que hay con los servicios, por ejemplo, de celulares, donde el estado continuamente regula, pone precios, pone multas por el mal funcionamiento. Bueno, Cablevisión cree que el servicio de TV por cable es un servicio privado donde cada ciudadano consume y el estado nada tiene que ver. Eso es algo totalmente fuera de época.

Algo importante que tenemos que saber es que el defensor del Pueblo, en esta acción judicial, representa a todos los ciudadanos, y pone en eje la defensa de los derechos del consumidor, de los usuarios, y de la lealtad comercial, y esto ha sido validado por la Justicia federal.

Cablevisión no sólo ha sacado la carta del documento -que es una vergüenza- sino que dice que no va a cumplir con la sentencia, en tres renglones, frente a un juez Federal de la Nación, diciendo que hay un fallo de la justicia de Mar del Plata que cubre a Cablevisión de esta resolución.

Yo creo que nosotros como representantes del pueblo tenemos la obligación de estar y respaldar en todos aquellos escenarios que tienen que ver con defender y proteger los derechos de los consumidores y usuarios. Es un derecho de alcance constitucional, del artículo 42 de la constitución. Lo que buscamos es que el consumidor y el usuario se sientan protegidos, que sientan que el estado los defiende.