La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, suspendió por decreto y por el plazo de 180 días las discusiones paritarias. Lo hizo a través del decreto 26/15 con fecha del 15 de diciembre de 2015 pero publicado recién el miércoles pasado en el Boletín Oficial.

Esto dará libertad a los intendentes de acordar el aumento salarial de manera unilateral, es decir, sin discusión con los gremios de cada municipio. En nuestra ciudad, ya se había realizado la primera reunión entre los tres gremios locales y el gobierno de Oscar Luciani, en donde los sindicatos habían planteado un primer pedido de 70 por ciento de incremento de sueldos. Aunque ahora el jefe comunal de Luján está habilitado a definir el porcentaje de aumento. 

La decisión de Vidal, tomada apenas unos días después de asumir y oficializada recién esta semana, suspende por seis meses la ley que regulaba la negociación paritaria y los derechos laborales de los trabajadores municipales bonaerenses y establece como nuevo marco normativo una vieja ley del duhaldismo que le abre las puertas a los intendentes a fijar los salarios de este año de manera unilateral. Esta antigua norma había sido declarada inconstitucional por la Corte provincial en varios de sus puntos, como consecuencia del reclamo sindical.

En 2015 había comenzado a regir una nueva ley, la 14.656, que garantizaba la legislación necesaria para enmarcar el reclamo salarial dentro de paritarias y establecía un nuevo piso de derechos, entre ellos el camino legal para la incorporación de los trabajadores contratados como planta permanente. 

En su artículo 104, la ley de Duhalde sancionada en 1996 establece que "el Departamento Ejecutivo determinará por vía reglamentaria el escalafón y las nóminas salariales para el personal de la administración municipal".

Las críticas a la gobernadora bonaerense no se hicieron esperar. "El decreto es absolutamente inconstitucional y significa un retroceso enorme de los derechos fundamentales de los trabajadores", denunció Lucas Arakaki, abogado de ATE.

En la misma línea, Marcelo Ponce Núñez, representante legal de la CTA autónoma de la provincia, aseguró que la medida apunta a "disciplinar a los trabajadores en el contexto de ajuste salarial y represión", y adelantó que desde la central buscarán judicializar el decreto.

La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fe.Si.Mu.Bo), por su parte, se encuentra en alerta desde que se conoció la intención del nuevo gobierno de anular las paritarias, algo que en un principio trascendió que el gobierno provincial intentaría impulsar por ley. "Buscaron la salida para lastimar a los trabajadores. Si logran suspender las paritarias costará mucho más recuperarlas. No lo permitamos", advirtieron en un comunicado.