La jueza dictaminó que la ciudad debe cobrar los fondos que le transfirió la Nación, depositados actualmente en el Banco Nación. Son 210 millones, que deberán ser destinados a reparar los 20 vagones que Metrovías retiró del servicio.
La magistrada emitió su fallo en en el marco de la resolución del recurso de amparo que presentara la legisladora María José Lubertino durante el paro que lanzaron los metrodelegados, que duró diez días.
Los fondos que tiene que solicitar el Gobierno porteño los deberá destinar a “la puesta en funcionamiento de las veinte formaciones retiradas por Metrovías y el mantenimiento de la infraestructura, a fin de resguardar la seguridad en la prestación del servicio”, según la resolución de López Vergara.
La jueza dejó a salvo, de todos modos “que la medida preventiva que aquí se dispone no implica adelantar opinión respecto del fondo del asunto debatido en autos en torno a la titularidad del servicio, ni hacer mérito sobre la situación financiera descripta por Metrovías en la documental obrante en la causa”, dejando abierta la vía de la negociación política entre ambas jurisdicciones.
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