Explicó que “la Resolución 464 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas firmada por Amado Boudou en 2009 y que nunca apareció publicada se merece nuestro rechazo pues las prácticas devenidas de ella vulneran la privacidad del personal involucrado, pone en situación de abuso de poder a sus responsables políticos e intimida con fuertes sanciones a quienes no acepten estas inusuales condiciones de trabajo. Las tareas de espionaje que el texto de la norma no logra maquillar son desarrolladas por un grupo autorizado para controlar y auditar el contenido privado de los correos electrónicos y archivos de empleados y funcionarios de carrera del ministerio”.

Fundamentó su postura en que “se trata de una actitud siniestra y deleznable, pues implica presiones y amedrentamiento a quienes son trabajadores y servidores públicos, que a partir de esta Resolución de Boudou son obligados a dejar por escrito la aceptación de estas condiciones de trabajo. Además, es persecución y abuso pues la correspondencia electrónica se equipara a la correspondencia privada, que está protegida constitucionalmente”, se explayó.