La provincia volvió a poner de relieve que la administración del transporte público de pasajeros, que está bajo su órbita, cuenta con mayores controles que los municipales, porque además del carné profesional expedido por un municipio, ellos tienen una serie de requisitos que se deben cumplir anualmente para obtener la credencial provincial.
Las medidas provinciales
Reseñó que “las empresas que dependen de la habilitación de la Subsecretaría de Transporte, ya sea en los servicios de ómnibus de media y larga distancia, los minibuses puerta a puerta o también los taxis y remises, el personal que los conduce debe cumplir con una serie de requisitos que parte de la solicitud que nos hace la propia empresa, donde además de un carné profesional otorgado por un municipio, deben presentar certificado de salud expedido por ente público, certificado de buena conducta y tres fotos. De esta manera, mientras el municipio implementa solamente el carné de conductor, la provincia pide otros datos para entregar una segunda credencial que lo habilite como conductor”.
Recordó que la autonomía municipal es una base de la Constitución Provincial, por lo tanto los municipios dictan sus reglas; sin embargo en nuestro caso “creo que lo mínimo que se tiene que pedir, lo estamos exigiendo”.
Las irresponsabilidades
López puso en duda las exigencias municipales para el servicio de transporte de pasajeros y se preguntó que “habría pasado si la persona implicada en el caso de Tatiana hubiera estado manejando un transporte escolar, de los que habilita el municipio sin exigir este tipo de requisitos. Es decir, que hay una serie de irresponsabilidades, entre ellas la del propietario del auto y la propia agencia de remises, a los que evidentemente lo único que les interesa es que semanalmente se les deje cierta cantidad de pesos por el servicio”.
La regulación
El funcionario provincial expresó que “es indispensable regular el sector y nosotros trabajamos a instancias del gobernador Jorge Capitanich para consensuar un proyecto de ley; pero por presión de sectores que no quieren que se los controle, el proyecto fue retirado por el propio Ejecutivo. Lamentablemente tenemos que decir que, por lo sucedido, éste es el momento para volver a insistir con un proyecto que es indispensable, porque posibilitará la seguridad del pasajero a partir de conocer quién es el que maneja el vehículo, pero también como parte del propio control del Estado de un servicio público”.

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