Luego de que el STJ revirtiera la declaración de inimputabilidad del acusado, una cámara le puso plazos al juez para que la causa llegue otra vez a juicio.
El máximo tribunal de la provincia resolvió en mayo de 2013 hacer lugar al recurso de casación que había interpuesto la viuda de la víctima, en su carácter de querellante, y anuló la sentencia de la Cámara Criminal Primera de Bariloche que en agosto de 2012 había resuelto dictar la falta de mérito de Báez a partir de un informe de un perito forense que había dictaminado que el imputado era insano.
La Cámara dispuso entonces la internación de Báez en un establecimiento específico para enfermos mentales conforme la Ley 2440, donde debería ser sometido a tratamiento psicofarmacológico adecuado. Pero ese fallo no se cumplió.
Báez está internado desde septiembre de 2010 en el área de Salud Mental del hospital de Bariloche. El 2 de enero pasado agredió a un paciente y lo hirió de gravedad.
El director del centro hospitalario informó el viernes que Báez está alojado "en un lugar aparte con custodia policial" y explicó que todavía no sale el traslado del interno a una institución que atiende pacientes como él, que funciona en Roca.
Báez está imputado del homicidio de Maceda, del 12 de marzo de 2010 en la vivienda de la víctima.
El imputado realizaba tareas de jardinería en el lote de Maceda. Báez está acusado de haber atacado con un hacha o un machete a Maceda, quien recibió 8 heridas profundas en el cuerpo y murió desangrado.
El STJ dispuso que con nuevos jueces la Cámara Criminal Primera dictara un nuevo pronunciamiento procesal para que la causa avance hacia el juicio oral con la mayor celeridad, indicó el juez del STJ Sergio Barotto, en la sentencia.
Las fuentes revelaron que los jueces subrogantes Héctor Leguizamón Pondal, Silvia Baquero Lazcano y Gregor Joos, resolvieron antes de la feria judicial de verano mantener la medida que Lozada había dispuesto hace unos tres años, cuando ordenó no hacer lugar a la externación de Baez tal como había pedido una defensora de menores e incapaces de Bariloche y mantener la custodia policial. Y otorgaron un plazo de treinta días a Lozada para resolver la situación procesal de Báez.
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