La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, confirmó que los imputados por la adjudicación ilegal de lotes en la urbanización Parque La Vega conformaban "una asociación ilícita que tenía como objetivo obtener lucro o apoyo político". En este marco determinó que el exsubsecretario de Tierra y Hábitat, Diego Barreto, era el jefe de la organización ilícita.

En una entrevista publicada en la página web del Ministerio Público Fiscal (www.fiscalespe nalesalta.gob.ar), Poma sostiene que Barreto se aprovechó de la necesidad habitacional de los vecinos utilizando para eso las funciones y acceso que el cargo le permitía. Según la fiscal, el acusado usó a intermediarios para lucrar y al mismo tiempo se aprovechó del cargo para hacer política con la entrega de terrenos. Barreto era el referente en Salta de Miles, el partido que a nivel nacional lidera el ultrakirchnerista Luis D''Elía, por el que se presentó como candidato a diputado en 2013, sin haber logrado el piso.

"Básicamente la fiscalía considera preliminarmente que a la gente con necesidades habitacionales se les prometía el terreno a cambio de apoyo político o bien se les exigía el pago de sumas de dinero, en algunos casos importantes", expresa Poma. Y agrega: "Los damnificados pagaban a los intermediarios, quienes señalaban a Barreto como la persona que requería ese apoyo para tramitar la adjudicación de un lote".

En la causa hay hasta el momento seis acusados, cuatro de ellos alojados en la cárcel de Villa Las Rosas. Además de Barreto están encarcelados el empleado Roberto Nellenssen y los punteros políticos Esteban Clemente y Nelson Salazar. En tanto que permanecen en libertad Rodrigo Diez, el otro extitular de Tierra y Hábitat, y Cintia Martínez, esposa de Clemente. Dijo que sobre Barreto, Nellensen y Diez pesan los delitos de asociación ilícita y exacciones ilegales, que prevé penas de hasta 10 años de prisión.

Los otros tres están sindicados como intermediarios de la maniobra fraudulenta. "Al tratarse de un accionar coordinado de varias personas, que cumplían roles específicos y distintos, la investigación es esencialmente compleja. Se tuvo que hacer un intenso y minucioso trabajo de análisis de documentación y distintos testimonios para poder descubrir cómo operaban", señala la fiscal Poma. Refirió que desde que se inició la investigación, la fiscalía dispuso diversas medidas a fin de poder asegurarse los elementos e indicios necesarios, como ser allanamientos y secuestro de documentación. "Por otro lado se han pedido informes a distintos organismos, entre ellos la Subsecretaría de Tierra y Hábitat. Cabe mencionar al respecto que el actual titular de ese organismo, Ángel Sarmiento, se presentó de manera espontánea y entregó una importante cantidad de documentación, lo que obviamente sirve para poder continuar con el análisis", dijo.

Consultada si los acusados reconocieron responsabilidad en los hechos, respondió: "Al respecto solo puedo señalar que desarrollaron argumentos que forman parte de su propia estrategia defensiva, negando la imputación que se le formulara". En cuanto a si la investigación va a concluir con los seis imputados, la fiscal afirmó que por el momento es prematuro asegurar eso. "Aún hay medidas de pruebas en trámite, como las pericias a las computadoras secuestradas y otras diligencias más, así que no se descarta nada", sentenció. Poma aseguró que en la fiscalía a su cargo y en dependencias policiales se recibieron más de 300 denuncias que están siendo analizadas, por lo que no descartó que surjan otros implicados en la causa.