En diálogo con EL CHUBUT, explicó el legislador que «existe una posibilidad de que la Legislatura se exprese aprobando una ley que determine en su artículo primero la nulidad del contrato que se suscribió para la realización del gasoducto cordillerano y en el segundo la anulación de la propia ley que ratificó ese contrato».

Señaló que esto es producto de la serie de incumplimientos que a lo largo de la puesta en marcha han tenido Nación Fideicomiso y la propia empresa que lo está explotando, que es Emgasud, y sostuvo que la idea es «que el gobierno provincial pueda tomar el control del gasoducto, si fuera necesario creando la empresa provincial de servicios públicos para que pudiera además de brindar el servicio transformarse en transportadora de gas».

Según Lorenzo, esto le permitiría «explotar el gasoducto el propio estado provincial y ganar utilidades para la capitalización del ISSyS y recuperar el dinero que se ha perdido con Ingentis que es una derivación de la obra del gasoducto», ya que la provincia «ha invertido 380 millones y no ha obtenido un beneficio por esa inversión».

Para el diputado de la UCR, «la provincia puso plata y en definitiva quien está llevando adelante la explotación del gasoducto es Emgasud, que no ha puesto un peso y no ha hecho las obras que se comprometió» y por otro lado, asegura que «Nación Fideicomiso no ha rendido los fondos de reintegro que correspondían al gobierno provincial que ha cedido esos montos al ISSyS».

Por ello, manifestó que lo más adecuado es que «si el gobierno lo ha pagado, tome el control a través de una empresa, de un organismo oficial como servicios públicos, que además podría resolver la situación de todas las cooperativas del interior que son altamente deficitarias, y se podría disminuir los costos de generación».