Dicha causa iniciada en el año 2004 por el empresario, que llevó actuaciones en primera y segunda instancia, en las que en todos los casos la Justicia defendió la decisión que los concejales gozan de inmunidad de opinión, que este hecho no se erige en beneficios personal de estos, sino que se les acuerda en razón del rol o función que desempeñan y en exclusivo interés de la independencia del cuerpo deliberativo que integran.

En la sentencia que se encuentra firme, se decide “sobreseer en forma total a Carlos Osvaldo Roberto y rechazar la solicitud de inconstitucionalidad” presentada por el empresario de los Art. 72 y 85 de la Ley Orgánica de las Municipalidades e imponer al querellante el pago total de costas y gastos del proceso.

Desde la oposición de Vicente López creen que a través de este tipo de acciones judiciales se pretendió presionar a los concejales que cuestionaban a la gestión del Intendente Enrique García para que no investiguen, debiéndose tener en cuenta que contaban con una mayoría automática de 20 concejales, entre los propios y los aliados. Vale aclarar que el empresario Merlino era en esos años uno de los principales constructores y proveedor del Municipio.