En los fundamentos, Llanos sostuvo que todos los relevamientos de opinión realizados en Jujuy, muestran que la adicción a las drogas y todos los problemas conexos son los temas que más preocupan a la población.

Tras asegurar que la “desfederalización” de los delitos vinculados con la venta y distribución de estupefacientes en menor cuantía es un pedido de numerosas instituciones de la provincia, llamó a entender que “en los tiempos donde la tecnología prima, donde la globalización no es patrimonio de los que obran bien, sino también de

los que delinquen, no existe frontera para la delincuencia involucrada con estos flagelos”.

Llanos afirmó que los municipios con sus tribunales de faltas “no pueden ni clausurar un kiosco que vende droga” porque la legislación vigente no los habilita y destacó que “la falta de cobertura en toda su expresión -jueces , fiscales, defensores, gendarmería, policía federal, fuerzas de investigación, etc.- de la justicia federal en todo el territorio provincial dificulta el accionar”.

“Esta ley apunta precisamente a agilizar el trámite judicial y dar la debida trascendencia social a la venta al menudeo de estupefacientes, permitiendo a las fuerzas de seguridad actuar en forma inmediata, desburocratizando el trámite que apunta a evitar que ese acto se repita en desmedro no solo del consumidor, sino también de quien vende para sustentar su adicción convirtiéndolo también en víctima”, expresó el legislador.

Según Llanos, dejar el “menudeo” a las fuerzas de seguridad provinciales permitirá a la justicia federal “aplicarse a la investigación del narcotráfico, en tanto que faltas consideradas menores por este estamento judicial, pero con gran impacto social negativo, serían tramitadas en nuestros juzgados”, lo cual “agilizaría el accionar de la justicia provincial”.

Los jueces federales, advirtió, generalmente “no llegan a dar la respuesta esperada y en el tiempo adecuado por la sociedad, porque tienen hechos más trascendente por la cuantía de la comercialización de estupefacientes; magistrado que a veces se encuentra a más de 100 km de distancia del hecho, o que no alcanzan a cubrir toda la demanda y así requerir rápidamente la intervención inmediata de la policía local favoreciendo la rápida

individualización y detención de los presuntos responsables del delito, y evitar que entre la denuncia y el allanamiento exista un plazo que favorezca la ocultación del delito”.

En cambio, la actuación de la justicia provincial, “generaría una acción de persuasión en quienes actúan en la comisión de estos delitos, a partir del hecho de ver la inmediata respuesta de la actividad jurisdiccional al adoptar medidas que tendrán repercusión inmediata en la sociedad”, aseguró el diputado.

También –añadió- “permitirá la identificación de los consumidores que en muchos casos pueden tratarse de enfermos por su adicción a las drogas, y posibilitar así la participación de los tribunales provinciales que se encuentran más familiarizados con los entramados de organizaciones sociales, de organismos de recuperación y/o de

dependencias del mismo Estado y con especialistas que junto al apoyo familiar tiendan a la recuperación”.

Indicó asimismo Llanos que la ley nacional prevé recursos para las provincias que adhieran y requieran.

“Hoy más que nunca y con los últimos acontecimientos es necesario adherir a esta ley, no es el eslabón más fino el que se ataca, es la rápida actuación la que se pretende, es cortar la hemorragia, romper las redes, no esperar agarrar al narco que está en Mónaco, Suiza o México para frenar el consumo en la otra cuadra, es aspirar al trabajo conjunto entre Justicia Federal y Provincial”, aseguró.

El proyecto, que tomó estado parlamentario el jueves pasado, propicia la adhesión de Jujuy a la Ley nacional n° 26.052 “asumiendo su competencia respecto de los delitos previstos y penados en la Ley de Estupefacientes 23.737 y modificatorias, en las condiciones y con los alcances previstos en la primera”.