Por lo tanto, sostuvo que el porcentaje surge automáticamente de la aplicación de esa fórmula aprobada por el Congreso de la Nación, y que no se trata de una decisión voluntaria del Poder Ejecutivo.

En relación a los incrementos en las asignaciones familiares, Ljungberg consideró que “esto no surge de la aplicación de ninguna norma, ninguna forma preestablecida. Creo que era necesario y creo que constituye un reconocimiento indirecto del gobierno respecto del nivel de inflación. Si a esta cifra que se había fijado hace unos meses de un monto de 180 pesos que ahora se llevó a 220 significa que el gobierno, al aumentar eso, está reconociendo que, aproximadamente la inflación en estos últimos 9 meses rondó esta cifra, el 22%, lo cual está en orden con las estimaciones privadas que calculan la tasa de inflación entre un 25 y un 30% anual”.

En este sentido, agregó que “este 22% sería por 9 meses, así que estaría aproximadamente entre un 25 y un 30% anual, y esto sí es un reconocimiento del gobierno de la tasa real de inflación, y no la que el Indec informa, dibujándola en un 7 u 8% que, obviamente, ninguna persona que vive en este país cree”.

El ex funcionario provincial agregó que el aumento en las asignaciones es positivo “como para recomponer el poder de compra de la gente, pero también constituye un indicador de cuál es la tasa real de inflación, y esto sí es preocupante, que la tasa sea tan alta como la que es, y el gobierno, por otro lado, se ocupa en desconocerla. Uno de los propósitos y objetivos debería ser controlar esta tasa de inflación, porque si no los ingresos fijos de la gente, los salarios, las jubilaciones, las asignaciones familiares, la asignación universal por hijo, se ven erosionadas mes a mes por el crecimiento de los precios y por lo tanto pierden valor de compra”.

Consultado sobre la viabilidad de aplicar el 82% a los haberes jubilatorios, Ljungberg consideró que todo el mundo desearía esta cifra, pero que “hay que tener cuidado, porque lo que hoy parece que existen los recursos, puede ser que en el futuro no existan. Hoy aparentemente el Anses tiene un volumen de dinero grande que, por otra parte, no lo tiene en forma líquida, sino que lo tiene en bonos del gobierno, por lo cual tendría que vender esos bonos, y no habría quién los compre. Al margen de eso habría que ver si esos recursos son sostenibles en el tiempo, si dentro de 15, 20 o 30 años va a haber esa capacidad de pago, y esto no puede definirse así, alegremente, sino que hay técnicas económicas, estudios actuariales, que permiten hacer esta determinación y saber si un sistema previsional es sostenible en el tiempo”.

En este marco, el economista agregó que en el caso de nuestra provincia, el sistema provisional está no solamente solventado por el propio sistema provisional, que sería el aporte de los activos y los empleadores, sino que también tiene un componente impositivo, que hay partes de impuesto a las ganancias, al IVA “que se retrae de la masa coparticipable y se va al sistema provisional, con lo cual este solo hecho ya nos está mostrando que el sistema previsional en sí mismo no es sostenible en el tiempo, porque no alcanzan los recursos provisionales, que son los aportes y contribuciones de los trabajadores y de los empresarios para sostener el sistema. Pienso que esto requeriría una discusión mucho mas técnica, tanto desde el gobierno como desde la oposición, que hasta ahora se encargan simplemente uno de decir que alcanza y el otro de decir que no alcanza, pero sin demostrarlo. Esto requiere una mayor responsabilidad, tanto del gobierno como de la oposición para mostrar cómo sería sostenible este sistema, porque si no, hoy sacamos algo que puede parecer positivo y dentro de 5 años es insostenible”.

Asimismo, agregó que “no se pueden tomar estas decisiones por una situación coyuntural o puntual o por una disputa de poder entre oposición y gobierno. Debieran ser mucho más racionales tanto uno como otro para sentarse con datos de la realidad; esta debería ser la base para esta discusión. Personalmente tengo la impresión que el sistema no es sostenible en el tiempo pero, de todas maneras, hay que recurrir a las técnicas actuariales para saber, y con precisión decir, cuánto, si no es el 82, es lo que el sistema soportaría en el tiempo, pero sabiendo que habrá un componente impositivo. Esto también es una decisión de la sociedad en decir cuánto estamos dispuestos a sacar de los impuestos generales, del presupuesto general de la Nación, para destinarlo a los jubilados. Esto significa que esos fondos que van a estar destinados a los jubilados no se van a destinar ni a las provincias, ni a la obra pública, ni la educación ni la salud, sino que van a estar destinados a los jubilados”.